El Tribunal Supremo tiene previsto celebrar este viernes una vista para escuchar varias peticiones de paralizar de forma cautelar el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno mientras se resuelve el fondo del asunto.
Inicialmente fechada para el 13 de mayo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tuvo que retrasarla por necesidades del servicio, según una providencia recogida por Europa Press.
Las partes convocadas a esta vista que reclaman la suspensión cautelar de la regularización son Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.
Por parte del Ejecutivo está previsto que la Abogacía del Estado acuda a defender que no se paralice la iniciativa, porque supondría una «afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general», según indicó en un escrito de alegaciones al que tuvo acceso esta agencia de noticias.
A favor de que se suspenda, Hazte Oír solicitó al alto tribunal que paralizase cautelarmente el real decreto porque considera que excede los límites legales y «altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos».
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica vio «riesgo cierto de perjuicio irreparable» con la iniciativa, la «tramitación de un volumen extraordinario de solicitudes», la «generación de situaciones jurídicas individualizadas» o la «concesión de autorizaciones de residencia y trabajo».
Vox denunció, en palabras de su dirigente Ignacio Garriga, que «lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria» y «un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España».
Y desde la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso justificó su recurso en que afecta «gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios», además de «contravenir» la normativa europea y «afectar» a la seguridad.
El Ejecutivo central de Pedro Sánchez aprobó en abril una medida de la que se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas que se encuentran en situación irregular, según aseguraron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ya ese mismo mes, el Supremo requirió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que le remitiera el «expediente administrativo» del real decreto para la regularización.
