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El primer juez que investigó las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez contra jueces, fiscales y guardias civiles ha apuntado que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán «habría acordado remunerar a Leire Díez por sus servicios con los fondos del partido».
Así consta en el auto de inhibición, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado Arturo Zamarriego desgrana los motivos por los que ha acordado dejar su investigación en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la causa sobre una presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por Cerdán y coordinada por Díez.
Inicialmente, en el seno de la investigación, Pedraz imputó a Cerdán, la gerente del PSOE Ana María Fuentes, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.
Con el avance de las pesquisas, el instructor citó como investigados, entre otros, a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos o a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por su parte, el juez Zamarriego, titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, llegó a imputar a Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
A ellos tres les atribuía la pertenencia a una trama «coordinada» para «recabar información comprometida o irregular de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción».
Ahora, Zamarriego explica que Leire Díez, Pérez Dolset y Rusiñol «podrían no ocupar un lugar principal en dicho entramado», al tiempo que subraya que la investigación de la Audiencia Nacional «se dirige contra otras personas que podrían tener mayor nivel de jerarquía en dicho entramado».
El magistrado recuerda que Pedraz investiga «una supuesta trama formada por políticos, militantes socialistas, abogados y empresarios que se confabularon para 'desestabilizar' los procesos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno».
Y agrega: «En el curso de la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se constató que la investigada Leire Díez habría ofrecido a funcionarios de las Guardia Civil y del Ministerio Fiscal remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos para 'atacar' la correcta dirección de las investigaciones en las mencionadas causas judiciales».
Zamarriego indica que, tras los registros efectuados en viviendas y empresas, se ha constatado que Díez «habría contado con el impulso y soporte intelectual y/o financiero de Santos Cerdán, quien habría acordado remunerar a Leire Díez por sus servicios con los fondos del partido».
El juez cree que, para ello, Zarrías, Teijelo y Oliver «habrían prestado sus sociedades mercantiles como vehículo para canalizar dichos pagos», mientras que la gerente del PSOE «habría emitido las oportunas órdenes de encargo sobre las que se habrían emitido mendaces facturas que permitieron la transferencia de fondos del Aptoide con destino a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset».
En su opinión, los hechos investigados en su juzgado «aparecen indisolublemente unidos a los delitos objeto de investigación» de la Audiencia Nacional, «cuya adecuada investigación exige la tramitación de una sola causa en la que se tome declaración a todos los investigados y se averigüe la titularidad del dinero recibido por Leire Díez»
«Ello sugiere una jurisdicción única que posibilitaría una investigación más ágil y en mejores condiciones», reconoce.
