El juez de Tarragona que investiga el 'caso Montoro' ha rechazado enviar el procedimiento a los juzgados de instrucción de Madrid al considerar que es competente para ello, al tiempo que ha acordado citar a ocho investigados entre esta semana y el mes de mayo por la presunta trama de favores fiscales a empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro, investigado en la causa, con la mediación del despacho Equipo Económico, cofundado por el propio exministro.
Así consta en un auto y una providencia a los que ha tenido acceso a Europa Press, en los que el magistrado instructor desestima la petición de las defensas de varios investigados que sostienen que el juzgado de Tarragona a cargo del caso no es competente para llevar a cabo la investigación.
«En el presente caso, habiéndose cometido elementos del tipo en Tarragona, los juzgados de Tarragona son competentes para el conocimiento de las presentes actuaciones», razona el magistrado en el auto.
Por su parte, el juez señala en la providencia que las declaraciones de Rubén Folgado, director técnico de Messer, y Karl Hauck, director general de la misma empresa, tendrán lugar el 30 de abril, mientras que las de Patrick Emmanuel Marcel y Teresa Rasero, directivos de Air Liquide, están previstas para el 8 de mayo.
Los otros cuatro investigados —Jorge Pedrazuela, Eduardo Gil, Carlos Romero, Jacobina Escamez— lo harán el 8 de mayo a las 12.30 horas y el 12 de mayo a las 11.00, 11.45 y 12.30 horas, respectivamente.
El juez investiga si Montoro se pudo aprovechar de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho de abogados Equipo Económico, fundado por el exministro cuando no estaba en el Gobierno y del que se desvinculó al entrar.
En la trama están investigadas personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental.
En un auto, el juez apuntaba que Equipo Económico habría podido ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos «en menoscabo del sector público».
Las investigaciones «ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación 'ad hoc', es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores», según la resolución.
