El Gobierno mantiene su defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al que consideran una persona «honorable» y asegura que no temen la reacción de los socios parlamentarios, que en la víspera comenzaron a virar su posición y expresaron preocupación por las acusaciones que pesan sobre el exdirigente socialista.
Así, fuentes de Moncloa insisten en la «falta de pruebas documentales» contra Zapatero en el auto emitido el martes por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le atribuye delitos de tráfico de influencias y organización criminal.
El instructor tiene en la mira el rescate público concedido por el Gobierno a la aerolínea española con capital venezolano 'Plus Ultra' y sospecha que Zapatero intercedió de forma ilegal a cambio de un beneficio económico.
Pero en Moncloa defienden rotundamente la legalidad de esta ayuda pública concedida durante la pandemia de Covid y niegan que pueda salpicar al Ejecutivo. «No hay nada que afecte al Gobierno», trasladan.
En la víspera, socios parlamentarios como Sumar, Compromís y ERC pidieron explicaciones a los socialistas y abandonaron la tesis del 'lawfare' es decir que esta causa responda a una guerra judicial con la intención de atacar al Gobierno.
Aún así, en el Gobierno dan muestras de tranquilidad y no ven en riesgo la continuidad del Ejecutivo, que continuará hasta 2027 como se encargó de subrayar el presidente Pedro Sánchez en el Congreso, para despejar las dudas de un adelanto electoral.
«El que quiera presentar una moción de censura que lo haga» señalan fuentes gubernamentales, retando a PP y Vox a iniciar el trámite parlamentario para descabalgar a Sánchez, convencidos de que no tienen la mayoría para sacarla adelante.
El PP, reprochan, quiere trazar una línea con la Presidencia del Gobierno para vincularla con esta causa, pero en el escrito de Calama, recalcan, «no hay ninguna prueba contra el Gobierno». Además, el rescate a la aerolínea, recuerdan, ya fue investigado por un juzgado en Plaza de Castilla y la causa se archivó.
Una vez que se ha levantado el secreto de sumario, en el Gobierno esperan la publicación del informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que basa su auto el juez Calama. «Si hay pruebas deberían estar ahí», apuntan.
Mientras tanto, insisten en que tienen la «máxima confianza en su inocencia», consideran que es una persona honorable y hasta el momento no han visto evidencias que les hagan dudar de ello.
