Artículo completo
El nuevo Congreso que surja de las elecciones generales del 29 de noviembre ofrecerá más facilidades a los partidos minoritarios para conformar grupo parlamentario propio gracias a la reforma del Reglamento de la Cámara que se aprobó el pasado julio y que se aplicará ya en la próxima legislatura.
Este cambio de las reglas parlamentarias fue impulsado por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG, algunos de los partidos que apoyaron en 2023 la investidura de Pedro Sánchez, y fue respaldado por el Pleno del Congreso, a excepción del PP y Vox, que votaron en contra.
La reforma aprobada modificó el artículo 23 del Reglamento de 1982, que establecía que para tener grupo propio hay que contar con 15 escaños o, al menos, superar los cinco diputados más un 5% de los votos en todo el país o un 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre.
Y a partir de la próxima legislatura, bastará con que las formaciones minoritarias consigan al menos un 3% de votos a nivel nacional o un 10% en las provincias en las que obtengan representación, relajando así los requisitos para conformar grupo propio.
Al inicio de esta legislatura, tanto ERC y como Junts no cumplían los requisitos que exige el Reglamento del Congreso y tuvieron que recurrir a préstamos del PSOE y de Sumar para poder formar grupo propio. Lo avaló la Mesa del Congreso gracias a la mayoría que conforman PSOE y Sumar, que a su vez habían logrado controlar el órgano de gobierno de la Cámara con los votos de los independentistas catalanes.
Con esta reforma reglamentaria se acabará, por tanto, con este préstamos o traspaso temporal de diputados, que por otro lado ha sido una práctica habitual en la Cámara Baja en las últimas legislaturas.
Tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada voz propia en todos debates y al menos un puesto en las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente —el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios o entre legislaturas— y en la Junta de Portavoces, así como una pregunta en cada sesión de control al Gobierno. Económicamente, garantiza percibir más subvenciones y cobrar las ayudas por el 'mailing'.
