El Pleno del Congreso ha rechazo este martes, con los votos del PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios, la reforma legal planteada por el PP para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y no el Gobierno, sea quien elija a los jueces destinados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras instancias internacionales.
En la proposición de ley, el PP recordaba que este año acaba el mandato de la actual juez española del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), María Elósegui, para lo cual el Ministerio de Justicia ha confeccionado una terna de candidaturas y la decisión la adoptará un comité de selección encabezado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y compuesto por altos cargos del Gobierno.
A su juicio, se necesita reformar el modo de designación de los candidatos de España a estas instituciones internacionales, de forma que no sea el Gobierno quien seleccione a los jueces, sino que sea el propio Poder Judicial a través del CGPJ «evitando así la interferencia del Poder Ejecutivo, garantizando la necesaria e irrenunciable independencia tanto del órgano que hace la propuesta como de los propios candidatos, que de este modo queda blindada».
La iniciativa, recogida por Europa Press, pretendía modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 560, que enumera las atribuciones que tiene el Consejo General del Poder Judicial.
En concreto, buscaba otorgar al CGPJ la capacidad de elección de «los candidatos a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal General de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de representantes ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y ante el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos así como al Tribunal Penal Internacional (TPI), Corte Internacional de Justicia y cualquier otro Tribunal u órgano de naturaleza jurisdiccional o similar, cuyas decisiones sean de obligado cumplimiento en España».
Eso sí, el procedimiento de selección por parte del CGPJ debía seguir, según planteaban los 'populares', los criterios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad establecidos en la legislación.
