La asociación pide medidas cautelares contra la directora: «Su presunta actuación es más propia de una comisaria política» MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado este viernes que se impulsen medidas cautelares para «apartar de sus cargos» a la directora general de la institución, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, lo que justifican en que ambos «no alteren» la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el 'caso Leire Díez'.
«La actuación presunta de Mercedes González es más propia de una comisaria política que de quien, con absoluto respeto a la imagen y al papel que la Constitución otorga a la Guardia Civil, ejerce el mando de 80.000 hombres y mujeres», ha sostenido AUGC en un comunicado.
Cabe recordar que el calificativo de «comisario político» y «peón» del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dirigido en un artículo de prensa contra el DAO fue lo que motivó la apertura de una información reservada en septiembre de 2025.
Dicha información reservada derivó en la exigencia de un organigrama con los oficiales del departamento de la Unidad Central Operativa (UCO) que lidera el teniente coronel Antonio Balas. Un mes después, en octubre, se cerró sin atribuir responsabilidades en ningún agente.
La asociación mayoritaria entre los guardias civiles ha reiterado la exigencia de que Mercedes González y el DAO dimitan, como hizo ayer tras la imputación por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia que imputa el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
La Fiscalía Anticorrupción justificó la petición de imputación por «generar desaliento» en la UCO con sus informaciones reservadas sobre la unidad, al entender que no tenían justificación objetiva y que era una forma de «presión» y «autocensura».
En este sentido, AUGC ha anunciado que quiere ejercer la acusación popular y ha avanzado que exigirá medidas cautelares contra ambos para «evitar que la continuidad en sus puestos de responsabilidad pueda condicionar o alterar de algún modo la investigación judicial que se encuentra actualmente en curso».
La asociación profesional ha manifestado que el ejercicio de la función de dirección general resulta «totalmente incompatible» con cualquier atisbo de actuación al margen de los parámetros deontológicos que rigen de forma estricta en la institución.
Asimismo, ha remarcado su compromiso histórico en combatir la corrupción en el ámbito de la Guardia Civil y ha recordado que el propio nacimiento de la asociación guarda una relación directa con el anterior escándalo protagonizado por el ex director general Luis Roldán.
AUGC ha concluido con la exigencia de que la Guardia Civil «no sea un Estado dentro del Estado», por lo que ha reclamado que actúe dentro de las previsiones constitucionales y del resto del ordenamiento jurídico.
