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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' que deje al borde del banquillo de los acusados a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, mientras que ha apostado por que se archive la causa para diferentes excargos del Ministerio de Transportes que se encuentran imputados.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pide que sean seguidos lo trámites de cara a un eventual juicio también respecto del exasesor de Ábalos que da nombre a la causa, Koldo García, y del empresario Víctor de Aldama, ambos ya condenados por el Tribunal Supremo a penas de cárcel por el 'caso mascarillas'.
Anticorrupción interesa lo mismo para otros investigados como Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil; Joseba García, hermano de Koldo; Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial; los empresarios Ignacio Díaz, Javier Serrano, César Moreno, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, y el excargo de Adif Ignacio Zaldívar.
También incluye en la lista a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama y a la que se adjudicaron en pandemia desde Transportes —Puertos del Estado y Adif— y los gobiernos autonómicos de Canarias y Balares varios contratos de mascarillas investigados.
El Ministerio Público se centra en las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario y en la contratación de la exnovia de Ábalos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, atribuyendo presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y contra la Hacienda Pública.
Por otro lado, el fiscal interesa el sobreseimiento de las actuaciones que se siguen contra excargos de Adif y personas vinculadas a otros acusados, como Aldama y Koldo.
Y es que la Fiscalía señala que, por un lado, «determinados hechos y conductas no son perseguibles» y, por otro, a «determinadas personas investigadas no se les imputa delito alguno».
«En el primer grupo, están los hechos relativos a la negociación y adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión, y posible blanqueo de capitales asociado a los rendimientos obtenidos de estas operaciones», señala.
En el segundo, aparece el ex alto cargo de Adif Michaux Miranda, la que fuera secretaria de Aldama, Piedad Losada, o Alberto Escolano, quien firmó el contrato de arrendamiento en el céntrico piso de Madrid para la expareja de Ábalos, entre otros.
Pide también el archivo para Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes cuando lo dirigía Ábalos; Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado, Daniel Sierra, que fue apoderado de Soluciones de Gestión; José Luis Rodríguez, vinculado a Juan Carlos Cueto; Israel Pilar Ortiz, vinculado a Koldo y Aldama; Rogelio Pujalte, que recibió una transferencia de Soluciones de Gestión; Patricia Ramos, expareja de Aldama; María Auxiliadora Luque, relacionada con el exasesor, y Andoni García, hermano de Koldo.
Cabe recordar que el Supremo ya juzgó de forma parcial el 'caso mascarillas' por la condición de diputado aforado de Ábalos cuando fue procesado. El tribunal condenó al exministro a 24 años de prisión e impuso 19 años a Koldo y cuatro a Aldama, al que libró de pisar la cárcel por colaborar con la justicia durante la investigación.
BENEFICIO PROPIO PARA ALDAMA «O PARA TERCEROS»
Anticorrupción señala que Víctor de Aldama fue la persona que, «en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia sobre Koldo García» consiguió, «para sí o para terceros, y con beneficio económico, la adjudicación de contratos de distintas administraciones públicas».
Una «mediación ante distintas administraciones públicas, que, en la mayor parte de sus adjudicaciones, concluía con la adjudicación del contrato, gracias al ascendiente que Koldo García Izaguirre tenía sobre algunas administraciones autonómicas», incide.
Así, el «entorno» de Víctor de Aldama llegó a conseguir, según el relato de la Fiscalía, «la adjudicación por parte de las administraciones canaria y balear de contratos de suministro de material sanitario a empresas», así como las de Puertos del Estado y Adif, dependientes de Transportes.
En cuanto a la expareja de Ábalos, el fiscal señala que «no consta que realizara ninguna activad laboral ni acudió a las oficinas» de las empresas públicas donde fue contratada y que para que entrara en Ineco fue Koldo quien contactó con Pardo de Vera, entonces al frente de Adif y que «a instancia» del exasesor y de Ábalos «desplegó sus influencias, dando un decisivo impulso para que fuera contratada».
Allí, Rodríguez estuvo desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021, percibiendo una retribución total de 34.450 euros y estando adscrita a Joseba García, que «veló en todo momento para que no desempeñara trabajo o función alguna durante todo el tiempo que permaneció como empleada», señala.
Anticorrupción recuerda que, al acabar el contrato en Ineco, la investigada fue contratada días después, «casi sin solución de continuidad», por Tragsatec, que «también prestaba servicios, como recurso propio, a Adif» y donde percibió 9.500 euros.
«Fue desarrollada la misma estrategia por parte de Koldo y Ábalos para que Rodríguez fuera de nuevo contratada por una empresa pública, decidiéndose por parte de Pardo de Vera y Zaldívar, director de Gestión Administrativa de Adif, que la empresa contratante debía ser Tragsatec», apostilla.
