Christa Pike, la mujer condenada a muerte por asesinato en primer grado de una compañera de clase en 1996 —cuando tenía 19 años— y que fue hospitalizada hace más de una semana tras su ejecución fallida con dos inyecciones letales hace una semana, ha recibido ya el alta hospitalaria y ha regresardo a prisión.
Sus abogados Stephen Ferrell y Luke Ihnen del Servicio Federal de Defensa de Tennessee Este y Randy Spivey y Kelly Gleason de la Oficina de Tennessee para la Defensa Después de la Condena han explicado que Pike seguirá recibiendo atención sanitaria en prisión y que continuarán monitorizando su recuperación.
«Da gracias a los servicios de emergencia y al equipo médico por los cuidados prestados en estas circunstancias tan extraordinarias», han explicado los abogados.
No se conocen precedentes de supervivientes a ejecuciones por inyección letal más allá de Pike, con lo que su caso entra en un terreno totalmente nuevo.
Mientras tanto, un tribunal de Nashville ha ordenado a las autoridades conservar todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, lo que podría sentar las bases para una futura demanda contra el estado. Esto incluye que «todo lo que se encontraba en la habitación misma debe preservarse y mantenerse», incluidas las vías intravenosas y las jeringas, así como los desechos, tales como envases, prospectos y etiquetas, según la orden firmada el miércoles por la jueza I'Ashea Myles.
La magistrada también exigió documentación sobre el estado psicológico de Pike antes, durante y después de la ejecución fallida, así como instó al estado de Tennessee a tener «especial cuidado» para no extraviar ni eliminar accidentalmente ninguna información potencialmente pertinente para el caso.
La moción presentada a la jueza alegaba que se pudo escuchar a Pike gritar, sollozar y respirar agitadamente" mientras le administraban la droga letal. Se utilizaron al menos siete agujas para la inyección, una de ellas «extraída con una doblez en ángulo de 90 grados». Sus abogados han solicitado al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que le conmute la pena de muerte por cadena perpetua no revisable.
El caso de Pike ha provocado la dimisión del jefe del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada, y la suspensión de ejecuciones, reavivando asimismo las críticas hacia el estado por su gestión de las ejecuciones.
En mayo Tennessee ya tuvo que suspender la de Tony Carruthers después de que el personal médico no lograra establecer un acceso intravenoso, un proceso que duró más de una hora. Mark Fowler, el médico que participó en el intento de ejecución de Carruthers, también supervisó el intento de ejecución de Pike.
