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La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, a través del abogado Antonio Benítez Ostos, ha presentado una denuncia administrativa ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para exigir «una intervención urgente» y «garantizar la seguridad ferroviaria de España», tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que le costó la vida a 46 personas y provocó 432 heridos.
Según ha indicado la asociación en una nota de prensa, el escrito, fechado el 11 de septiembre y firmado por el representante legal, Antonio Benítez Ostos, socio-director de Administrativando Abogados, se basa en diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil que son «públicamente conocidas» y que «acreditan cómo el carril siniestrado presentaba una rotura franca desde bastantes horas antes del impacto».
De este modo, la asociación se suma así a los requerimientos preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que evidencia, a su juicio, «una deficiencia estructural en el sistema actual que no alerta en tiempo real de la rotura de una vía». «Un deterioro estructural advertido por los maquinistas».
De hecho, en declaraciones a Europa Press, el abogado Antonio Benítez Ostos ha explicado que «la presunta inacción de las administraciones públicas» les ha llevado a «solicitar auxilio a las instancias europeas para que intervengan cuanto antes, revisen las obligaciones a las que están sometidas nuestras autoridades nacionales y su cumplimiento, las auditen y garanticen la seguridad del sistema ferroviario español».
«La Agencia Ferroviaria Europea ya intervino con diligencia en el caso Alvia y esperamos que se vuelva a comprometer de la misma manera con este segundo gravísimo siniestro», ha abundado.
En este sentido, el escrito adelantado por la Cadena Ser y presentado a la Agencia Ferroviaria de la UE advierte de que el sistema ferroviario español «acumula más de cien roturas de vía al año». Asimismo, se aportan advertencias técnicas previas emitidas públicamente por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), «donde ya se denunciaban graves deficiencias en las infraestructuras», tales como «inestabilidad en la rodadura, con oscilaciones anómalas en los trenes a velocidades cercanas a los 280 km/h; fatiga de materiales y 'botes', por la presencia de baches, deformaciones geométricas y desgaste ondulatorio en los rieles».
Además, también recoge otras deficiencias como «sobrepeso en las vías, causada la degradación acelerada de la red por la entrada de operadores de bajo coste con ejes más pesados»; y «críticas al uso excesivo de 'marchas a la vista' —circulaciones lentas en tramos dañados— en lugar de acometer cierres y reparaciones definitivas».
Asimismo, el escrito subraya además «carencias incomprensibles» en la seguridad del material rodante y la asistencia, por ejemplo, «la ausencia de cámaras de videovigilancia exteriores en los trenes, la falta de sistemas autónomos de geolocalización inmediata en caso de descarrilamiento, e insuficiencias en los portaequipajes que provocan la caída de bultos sobre los viajeros».
Por otra parte, la asociación censura que los servicios autonómicos de emergencias (061 y 112) «sigan sin contar con protocolos de actuación plenamente coordinados y homogéneos en toda España».
Por ello, el letrado Antonio Benítez Ostos, portavoz jurídico de la asociación, ha manifestado su «absoluta preocupación» ante el hecho de que, en poco más de una década, España haya sufrido «los dos peores accidentes ferroviarios de su democracia —Angrois en 2013 y Adamuz en 2026—, pudiendo presuntamente evidenciar que las medidas actuales son del todo insuficientes para garantizar la seguridad de las personas viajeras».
Además, ha recordado que la Agencia Ferroviaria Europea, ya intervino en el Caso Alvia y en su Documento de Asesoramiento ERA/ADV/2015-6, consideró que «la investigación del siniestro llevada a cabo por la CIAF no fue independiente», además de presentar «graves irregularidades como no haber tenido en cuenta a las víctimas, ni haberles informado de sus derechos en el procedimiento de investigación».
Por otro lado, el abogado ha subrayado que recurrir a instancias europeas por la parte de la víctimas se produce después de «los requerimientos que se viene realizando a las autoridades nacionales —incluyendo la suspensión del sistema ferroviario en España hasta tanto no se certifique su plena seguridad—, sin que se hayan adoptado las medidas pertinentes».
«La asociación, con esta petición, pretende que, por parte de Europa, se audite la gestión que están llevando a cabo las autoridades nacionales competentes para garantizar la seguridad del sistema ferroviario español y, con ello, garantizar que sea un medio de transporte completamente fiable que evite cualquier otro siniestro», han finalizado.
