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La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha registrado este miércoles ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados una propuesta de Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia.
Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, en el escrito, formalizado a través de Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, despacho que lleva a cabo su representación, los colectivos civiles han solicitado formalmente a la Mesa del Congreso el traslado inmediato del documento a todos los grupos políticos con representación actual.
El objetivo de esta medida es activar los mecanismos oficiales del Estado para obligar a las fuerzas políticas a «definir su postura de manera urgente en pleno periodo preelectoral». En paralelo al registro en la Cámara Baja, la asociación ha remitido este jueves la propuesta por vía electrónica a las presidencias y secretarías generales de todas las formaciones políticas del arco parlamentario.
«Trece años después de la tragedia ferroviaria de Angrois, cuatro años después de la de Bejís y apenas nueve meses de Adamuz, una nueva tragedia en Urda vuelve a enfrentarnos a una realidad que no podemos seguir ignorando: la seguridad ferroviaria, la atención a las víctimas y la respuesta de la justicia son cuestiones que afectan al conjunto de nuestra sociedad y que requieren una respuesta de Estado. No podemos seguir afrontando cada tragedia como un hecho aislado ni esperar a la siguiente para corregir las deficiencias. Es necesario un compromiso político común, firme y duradero», han expresado en la propuesta.
Los partidos dispondrán de un plazo estricto que concluye el próximo miércoles, 11 de noviembre, a las 14,00 horas para «devolver debidamente cumplimentado y firmado» el 'Compromiso Público de Adhesión' adjunto a la solicitud.
«Ante el próximo proceso electoral, instamos formalmente a su formación política a aceptar esta iniciativa y comprometerse a participar en una reunión de trabajo con nosotros, junto con los representantes de las distintas fuerzas políticas, para abordar y comenzar a construir este Pacto de Estado», han señalado en el escrito.
En este sentido, la propuesta de Pacto de Estado nace «desde una voluntad estrictamente ciudadana, apartidista y constructiva», y exige a los partidos políticos asumir tres ejes «fundamentales» como materias «prioritarias» de cara a los primeros cien días de la próxima legislatura.
Por un lado, priorizar la inversión, la prevención, el mantenimiento de la red y la consolidación de un órgano de supervisión técnica plenamente independiente. En segundo lugar, atención integral a las víctimas mediante el desarrollo de un marco legal coordinado que garantice asistencia médica, psicológica, social y jurídica continuada en tragedias colectivas.
El tercer eje es dotar de «recursos suficientes» a los procedimientos judiciales, asegurar el acceso a la información y promover la especialización de tribunales en grandes accidentes.
«Queremos que las víctimas seamos parte activa y permanente de este proceso, desde su planteamiento inicial hasta el desarrollo de los compromisos que puedan alcanzarse. Esta propuesta nace de nosotros y queremos construirla con ustedes, desde el diálogo, la responsabilidad institucional y el consenso. No pedimos que estén de acuerdo en todo. Les pedimos que se pongan de acuerdo en aquello que nunca debería dividirnos: la vida, la seguridad, la justicia y la dignidad de las personas», han expresado en la propuesta.
Además, la asociación ha convocado a los medios de comunicación para el próximo 11 de noviembre en Madrid, coincidiendo con la víspera del arranque oficial de la campaña electoral. En dicha comparecencia, los portavoces de las víctimas harán público el número de registro oficial asignado por el Congreso y detallarán públicamente el grado de compromiso de cada fuerza política, desvelando qué partidos han suscrito formalmente el documento técnico y cuáles han decidido guardar silencio o eludir la firma antes de los comicios generales del 29 de noviembre.
Con este paso institucional, el colectivo de víctimas ha advertido de que «la seguridad del conjunto de la sociedad no puede esperar a que se abran las urnas, exigiendo un compromiso político común, firme y duradero que trascienda gobiernos y siglas».
