Trabajadores de UTE TSI y SSGA, adjudicatarias del transporte sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Córdoba, se han concentrado este jueves junto a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía para volver a denunciar públicamente «las precarias condiciones laborales» en las que desarrollan su labor estos profesionales del servicio de ambulancias en Córdoba y su repercusión en la prestación de este «servicio esencial» a la ciudadanía.
Según ha informado el sindicato CSIF Córdoba en una nota, el personal ha solicitado a la Junta «que no se renueve la adjudicación del transporte sanitario con ambas compañías, por su lista interminable de incumplimientos con su personal».
El presidente del comité de empresa de SSGA y delegado sindical de CSIF, Sergio Rosa, ha lamentado «los numerosos déficits que sufre este servicio desde que en septiembre de 2022 fue adjudicado por la Junta a estas empresas, entre los que destacan los importantes retrasos en las recogidas de los pacientes por parte de las ambulancias por la falta de una quincena de vehículos diariamente, para traer y llevar pacientes que requieren tratamientos oncológicos o de diálisis, entre otros, y por las continuas averías que sufren al ser ambulancias viejas que provienen de otras zonas».
Estas situaciones, según ha señalado el sindicalista, «generan un profundo descontento entre los pacientes y sus familiares, así como un fuerte estrés entre los conductores, que han derivado en muchas bajas laborales», criticando también Rosa el «clima de miedo» existente entre estos profesionales, «por el temor a ser despedidos por cualquier motivo sin justificación», sobre todo porque, además, «no se les está aplicando el IV Convenio Colectivo del Transporte Sanitario».
No en vano, «gran parte de estas salidas son reconocidas como improcedentes por la Justicia, obligando, tanto a SSGA, como a UTE TSI a reintegrarles en la plantilla o a indemnizarles».
Desde CSIF también se ha puesto de manifiesto que estos trabajadores «están trasladando pacientes dentro de los centros sanitarios, unas funciones que no les corresponden, al ser personal extrahospitalario». Además, la plantilla del transporte sanitario, formada por unas 350 personas, se queja de cuestiones como «la ausencia de ropa de trabajo, como es el caso de chubasquero, polo de manga larga o de chaquetones reflectantes, así como la obligación a los profesionales de realizar excesos de jornada que no se remuneran a no ser que el trabajador acepte un descuelgue del convenio».
Por todo ello, en CSIF no entienden que la Junta «vaya a renovar este servicio con estas empresas por un año más, cuando hay hasta seis sentencias judiciales y una decena de requerimientos de la Inspección de Trabajo que consideran que las formas de actuar de las adjudicatarias con su personal y con el servicio, en general, no son las adecuadas», de modo que, según ha avisado Rosa, los trabajadores «continuarán movilizándose, hasta que sus reivindicaciones sean atendidas».
