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El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, y el diputado de Sumar por Málaga Toni Valero han preguntado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) si tiene previsto «realizar actuaciones para determinar el posible origen de los elevados niveles de fosfatos, amonio y del resto de parámetros anómalos detectados en los cauces del norte de la provincia, considerando que la contaminación es conocida desde hace años».
En un escrito a la Mesa del Congreso, consultado por Europa Press, los diputados han planteado a la CHG si ha evaluado «las posibles consecuencias a medio y largo plazo que podría tener sobre los ecosistemas fluviales y la salud pública la persistencia de estos niveles de contaminación, especialmente en una zona catalogada como vulnerable a nitratos».
Igualmente, han preguntado al Gobierno por las medidas que tiene previsto adoptar, a través de la CHG, para «identificar, controlar y revertir las causas de esta contaminación, más allá de las actuaciones de vigilancia, y garantizar la recuperación de la calidad de las aguas de los ríos del norte de la provincia», así como «qué actuaciones concretas se llevan o se van a llevar a cabo para evitar que la contaminación siga aumentando».
Según han expuesto, «dado que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía sigue sin tomar medidas y sin contestar al informe sobre la contaminación del arroyo Guadarramilla remitido en abril de 2024 por la CHG, ¿qué actuaciones puede llevar a cabo el Ministerio y la CHG contra la inacción de la Junta en materia de sus competencias de lucha contra la contaminación agraria?».
Además, han cuestionado al Gobierno y a la CHG se piensan «denunciar ante la Fiscalía de Medioambiente la inacción de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ante el agravamiento de la contaminación y el incumplimiento de la normativa de protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos».
Entretanto, los diputados han explicado que la estación de control de calidad de las aguas de El Viso (Córdoba), que mide la calidad del agua de los cauces del norte de la provincia, ha registrado «una presencia muy alta de fosfatos, con un pico de 12,95 miligramos por litro». Sin embargo, han aseverado que «la problemática no se limita a los fosfatos», dado que «los datos de la sonda EAA-421, publicados en el portal SIRA Guadiana, reflejan también valores anómalos de amonio y otros parámetros, lo que evidencia un problema de contaminación multifactorial que afecta tanto a aguas superficiales como subterráneas».
Al respecto, han indicado que «el protocolo de vigilancia establece que el umbral máximo de alerta para el fosfato es de 0,40 miligramos por litro, mientras que el umbral de alarma (riesgo grave) se sitúa en 1,00 mg/l», al tiempo que han advertido de que «con registros que rozan los 13 mg/l, las mediciones multiplican por más de diez el límite de alarma y superan en hasta 32 veces el umbral de alerta».
En este sentido, han manifestado que «la estación ha capturado valores críticos de forma ininterrumpida desde mayo, lo que indica que la contaminación no responde a un vertido puntual, sino que se mantiene de forma sostenida en el cauce». Además, han añadido que «la conductividad —sales y minerales disueltos— rebasó el límite máximo de alerta de 1.500 microsiemens/cm en todas las tomas de las últimas 24 horas», entre otros aspectos.
Igualmente, Santiago y Valero han subrayado que «esta situación no es nueva», apuntando que «la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Andalucía conocen esta contaminación desde hace años, pero a día de hoy siguen sin adoptarse medidas efectivas para controlar sus focos».
En este caso, han remarcado que «la zona está catalogada como Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos, y estos datos vienen a confirmar que, a pesar del conocimiento de las administraciones provinciales, autonómicas, estatales y europeas, los niveles de contaminación continúan aumentando tanto en aguas superficiales como subterráneas».
En palabras de los diputados, «esto evidencia que, pese al conocimiento demostrado de la situación, no se realizan intervenciones efectivas, con el grave riesgo ecológico y sanitario para el norte de la provincia, su población y su espacio vital».
Así, han recordado como «durante un período de tiempo la población consumió agua fuera de los parámetros sanitarios, poniendo en riesgo la salud, y como durante aproximadamente un año se prohibió el consumo de agua, teniendo que suministrarse en camiones cisterna a los municipios de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato». En concreto, han mencionado que «más de 80.000 personas sufrieron esta crisis, con colas para conseguir agua y niños a los que se les decía que cerraran los ojos y la boca al ducharse».
«También se ha prohibido el baño en el embalse de La Colada durante cuatro años debido a los altos y peligrosos niveles de contaminación por cianobacterias, ante el grave riesgo que suponía para la salud pública», han manifestado, para apostillar que «la situación sigue siendo preocupante, ya que la Junta de Andalucía ha señalado que no disponía de información actualizada sobre la calidad de las aguas desde el 28 de julio de 2025, pese a que la CHG tiene la obligación de remitir estos controles trimestralmente».
Igualmente, han dicho que «preocupantes son los informes públicos sobre el negativo resultado de la depuración de las aguas del norte de la provincia, donde las actuales infraestructuras de depuración son absolutamente deficientes y no abordan el problema de fondo». A todo ello han agregado que «la Consejería de Agricultura de la Junta sigue sin tomar medidas y sin contestar al informe sobre la contaminación del arroyo Guadarramilla, remitido en abril de 2024 por la CHG, lo que evidencia una inacción que perpetúa la situación de riesgo».
