El Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla ha recibido la visita de Elisa Fernández, secretaria general de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Sevilla, en un encuentro del que ha surgido la creación de un grupo de trabajo conjunto para la defensa de la profesión. La reunión ha permitido compartir un mismo diagnóstico sobre la situación de los servicios sociales comunitarios y acordar una hoja de ruta común.
«Cuando el sindicato y el colegio hablamos con una sola voz, las administraciones escuchan de otra manera; por eso este grupo de trabajo nace con vocación de obtener resultados», afirma la presidenta del órgano colegial, Angélica Gutiérrez, en un comunicado.
El primero de los frentes abordados es el progresivo envejecimiento de las plantillas y la falta de cobertura de las vacantes en numerosos centros, una combinación que sobrecarga a las profesionales y acaba repercutiendo en la atención que recibe la ciudadanía. A esa presión estructural se suma un problema que crece a idéntica velocidad: el de las agresiones.
«Los insultos y las amenazas se han vuelto tan cotidianos que muchas profesionales han dejado de denunciarlos, un silencio que el colegio se ha propuesto romper». En este sentido, «se ha instalado la idea de que soportar insultos o amenazas forma parte del trabajo, y esa resignación es lo más peligroso, porque normaliza la violencia y deja sola a la víctima», advierte Gutiérrez.
Para revertir esa situación, ambas organizaciones reclaman un protocolo eficaz frente a las agresiones que contemple pulsadores de emergencia conectados directamente con la policía y una atención preferente de la comisaría más cercana. En la misma línea de seguridad se sitúa la petición de tarjetas identificativas específicas para las profesionales que se desplazan a los domicilios, de modo que puedan acreditar su labor sin exponerse.
El grupo de trabajo abordará, además, una reivindicación de carácter administrativo pero de hondo calado en el día a día. Una alternativa real al uso de certificados digitales personales en la firma de los informes, que permita hacerlo, siempre que sea posible, únicamente con el número de colegiación.
Todas estas medidas se enmarcan en una campaña de tolerancia cero ante las agresiones a profesionales en su puesto de trabajo, con la que el Colegio Oficial de Trabajo Social quiere sacar el problema del silencio y animar a denunciar. Para ello, la institución pone a disposición de las colegiadas y colegiados un canal específico con el que comunicar estas situaciones y nutrir el registro de agresiones que ya mantiene activo.
«Cada agresión que no se denuncia es una compañera que se queda sola frente al problema; registrar y visibilizar es la única manera de medir algo que lleva demasiado tiempo oculto», sostiene su presidenta.
