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El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha exigido al Gobierno de España una «reacción urgente, rápida y eficaz» ante la proliferación del narcotráfico «que cada vez se extiende a más territorio de Andalucía».
Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en Almonte al ser preguntado por el tiroteo mortal registrado el pasado domingo en el municipio onubense de Isla Cristina.
Al respecto, el consejero ha mostrado la «preocupación» del Ejecutivo autonómico frente a lo que ha calificado como una «dejación de responsabilidades» por parte del Ministerio del Interior. Según ha lamentado, esta «inacción» está permitiendo que «el crimen organizado campe a sus anchas» y que «las mafias del narcotráfico se extiendan a más territorio» dentro de la comunidad andaluza.
«Hoy todas las provincias se ven afectadas por las mafias del narcotráfico y eso es por el abandono que se hace del Ministerio de Interior a la lucha y, sobre todo, a la protección que debe darse a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», ha recriminado Sanz.
En este sentido, el consejero ha criticado la falta de medidas concretas y recursos destinados a combatir esta problemática. «No hay cambios normativos, no hay más medios, no hay más recursos, no hay más personal y no hay más unidades especializadas», ha dicho antes de advertir que no existe «más capacidad para luchar contra esta terrible lacra que requiere una respuesta».
Por todo ello, desde la Junta de Andalucía reclaman una actuación «inmediata» al Ejecutivo central. «Hay que responder de manera urgente, rápida y eficaz, porque se pierde la credibilidad como Estado y, lógicamente, se genera una desazón por parte de quienes luchan, como son los cuerpos policiales», ha subrayado.
Finalmente, Sanz ha vuelto a reclamar el reconocimiento de la labor policial como actividad de alto riesgo. A este respecto, ha lamentado que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «ni siquiera se les ha reconocido todavía como profesión de riesgo», algo que, ha subrayado, se exige desde el Gobierno de Andalucía «desde hace mucho tiempo».
