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El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez y al Ministerio del Interior de incurrir, Fernando Grande-Marlaska, en una «dejación de funciones» ante la expansión del narcotráfico en la comunidad autónoma.
A preguntas de los periodistas en la presentación del dispositivo 'Plan Venida 2026' en El Rocío, y a raíz del tiroteo mortal registrado el domingo por la noche en Isla Cristina (Huelva) y de episodios recientes en Cádiz, Málaga o Sevilla o de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva en mayo de 2026 y de otro en Barbate (Cádiz) en 2024, Sanz ha exigido una reacción estatal «urgente» para implementar «medidas operativas y de refuerzo» que «devuelvan la seguridad a las calles» y atajen la «pérdida de credibilidad del Estado».
Durante su intervención, el vicepresidente ha mostrado la «alta preocupación» de la Administración autonómica ante el hecho de que las mafias «campen a sus anchas» por la costa y los pueblos andaluces y ha recriminado al ministro del Interior que la lucha contra el crimen organizado «se le ha ido de las manos», acusando al Ejecutivo central de «desmantelar, reducir capacidades» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) cuando considera que requerirían de un respaldo operativo y legislativo «importante».
En el plano estrictamente operativo, Sanz ha reclamado la creación «inmediata» de unidades especializadas de carácter permanente dotadas «con suficientes medios materiales y humanos».
En concreto, ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar las unidades de investigación como la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional (UDYCO) y el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), los grupos de intervención como el GAR, el Servicio de Vigilancia Aduanera y, muy especialmente, la inteligencia policial como principal mecanismo de «anticipación y prevención» frente al crimen organizado y ha enfatizado la urgencia de «proteger» legal y socialmente a los agentes en lo que califica como una «batalla de Estado».
Entre las principales exigencias al Ministerio del Interior, el consejero ha vuelto a pedir la declaración de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo y reprocha que esta medida «haya sido bloqueada reiteradamente» en las Cortes, el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, el incremento estructural de plantillas y el dotar a las fuerzas de seguridad de reglas de enfrentamiento «más potentes y seguras» para combatir «con garantías» las narcolanchas y los vehículos armados.
Por último, el representante de la Junta ha pedido un paquete de reformas legislativas para «frenar la reincidencia, combatir los narcopisos» e introducir en el Código Penal la tipificación específica del «reclutamiento o la participación de menores, el uso de menores» por parte del narco.
Sanz ha instado a La Moncloa a «abandonar la pasividad» ante la «alta preocupación» por la «inseguridad» por «la expansión del narcotráfico y la actuación de las masas de narcotráfico a prácticamente todas las provincias andaluzas» y pide que despliegue un Plan Estatal General de Acción contra el Crimen Organizado que contemple «zonas de especial singularidad» y una respuesta «integrada» para garantizar el principio de autoridad.
