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El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada y la Ejecutiva Municipal del PSOE han mostrado su «rotunda indignación» ante la decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de ceder las competencias de la Unidad de Valoración Integral de la Violencia de Género a Vox.
La portavoz socialista en el Consistorio granadino y secretaria general de la capital, Raquel Ruz, ha criticado que el presidente autonómico «se ha quitado la careta y ha pasado de vender una falsa imagen moderada a demostrar que es tan ultra como sus socios al entregar a la extrema derecha el eslabón principal de la cadena de protección a las víctimas».
A juicio de la líder local del PSOE, resulta inadmisible que el Gobierno andaluz utilice a las mujeres como «moneda de cambio en su afán de gobernar por encima de todo». En este sentido, Ruz ha vinculado directamente este pacto autonómico con la gestión del PP en la capital granadina, y ha recordado el caso, que ha calificado de «vergonzoso», detectado en el sistema Viogén de la Policía Local, donde supuestamente varios agentes accedieron a informes protegidos para ayudar a un compañero condenado por maltrato.
La portavoz del grupo socialista ha lamentado que la alcaldesa Marifrán Carazo «no solo protegiera a ese maltratador condenado, sino que lo ascendió a jefe de estudios para impartir formación al resto de la plantilla», y ha añadido que esto demuestra «un patrón idéntico de desprotección hacia las mujeres tanto en el Ayuntamiento de Granada como en la Junta de Andalucía».
Por su parte, la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Municipal del PSOE de Granada, María José Hernández, ha tildado de «decisión demencial» la entrega del área de Justicia y de la unidad evaluadora a un partido político que niega la violencia machista.
Hernández ha advertido de que esta medida «elimina un recurso vital para que las víctimas acudan a los juicios con las pruebas necesarias para demostrar la violencia ejercida contra ellas y sus hijos», ya ha calificado la situación de «dramática» en un año en el que ya han sido asesinadas 35 mujeres en España, nueve de ellas en Andalucía.
Finalmente, desde el PSOE han exigido a Moreno una rectificación inmediata y la marcha atrás en esta decisión. Asimismo, Hernández ha apuntado que esta cesión «pone en grave riesgo a los profesionales técnicos de la unidad, a quienes Vox ya intentó identificar en 2019 exigiendo sus nombres y apellidos», por lo que ha instado al Gobierno andaluz «a no vender la seguridad y los derechos de las mujeres a las fuerzas que los niegan».
