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El grupo parlamentario socialista de Granada se ha comprometido a defender un nuevo sistema informático en la Justicia andaluza y la actualización de los módulos y bases aplicables para la compensación económica de los servicios del turno de oficio, así como la creación de nuevos módulos que den cobertura económica para las actuaciones letradas en los requisitos previos a los que hace referencia la Ley Orgánica 1/2025 que conllevaran compensación económica.
Tras mantener un encuentro con la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, la parlamentaria andaluza Olga Manzano, junto a su homólogo Paco Cuenca, ha indicado que el grupo socialista reivindicará estos asuntos, entre otros, en el Parlamento andaluz.
Asimismo, ambas partes han acordado una vigilancia «cómplice» ante posibles «retrocesos e involuciones» que se pudieran dar en el desarrollo y ejecución de las competencias de la Consejería de Justicia relativas a la violencia de género que garantizan la protección y atención a las víctimas de la violencia machista.
En cuanto a la petición de mejorar la digitalización de la Justicia, Manzano ha compartido con el colectivo de la abogacía que el sistema «falla un día sí y otro también», por lo que ha considerado que la Junta de Andalucía «debe actuar para solucionar los obstáculos que plantea en el quehacer diario del personal».
«Esta situación tiene un impacto estructural, ya que según la propia Abogacía genera fallos, caídas y bloqueos reiterados, siendo Adriano el programa más problemático. Existen deficiencias estructurales que impiden el funcionamiento de la Justicia y vulneran la tutela judicial efectiva», ha explicado.
La socialista ha aludido también al «perjuicio profesional» que ocasiona, así como las «dilación» de los procesos. «Los letrados lamentan el daño reputacional y económico, ya que la inactividad paraliza trámites, impide presentar escritos y genera dilaciones inasumibles para la ciudadanía», ha apostillado.
Manzano ha cuestionado además la «modernización ficticia» de la Justicia en Andalucía, cuando la propia Abogacía «cuestiona la fiabilidad de las herramientas actuales, exigiendo un soporte técnico sólido y eficiente que realmente agilice el servicio público en lugar de obstaculizarlo».
«Vamos a trabajar con esta hoja de ruta para reivindicar en el Parlamento estas y otras cuestiones que puedan surgir para que estas mejoras se implementen en el ámbito judicial y el sistema dé respuesta a las y los profesionales que trabajan en ella y a la ciudadanía en general», ha concluido.
