El PP está ultimando un plan de lucha contra el crimen organizado, frente a la «inacción» del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a este problema, que tiene una importante presencia en Andalucía.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, junto al coordinador de Interior y Emergencias del PP, Antonio Sanz, y al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha mantenido este miércoles una reunión, en Sevilla, con sindicatos y asociaciones de Policía Nacional, Guardia Civil y personal de aduanas y prisiones, a los que ha trasladado los ejes esenciales de ese plan de lucha contra el crimen organizado.
Gamarra ha manifestado que uno de los principales objetivos que tiene el PP es que «España sea un país seguro y haya una fortaleza del estado para poder luchar contra aquello que son nuestras amenazas, especialmente en Andalucía, como es el crimen organizado y el narcotráfico», que «campa a sus anchas y con total impunidad» por la «inacción» del actual Ejecutivo nacional.
Ha denunciado además el «abandono» que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puesto que no cuentan con los «medios suficientes» y los instrumentos para afrontar una lucha eficaz contra el crimen organizado y el narcotráfico. Ha denunciado además el desmantelamiento en el Campo de Gibraltar del sistema OCON-Sur.
El plan de lucha contra el crimen organizado que está ultimando el PP tiene como objetivo «poner freno y poner coto al crimen organizado en nuestro país, que no pueda seguir campando a sus anchas y que España no sea un lugar fácil para cometer delitos, sino todo lo contrario».
«Y para eso hay que ejercer como estado una autoridad», según ha añadido Cuca Gamarra, quien ha desgranado los ocho ejes fundamentales del citado plan como la dotación al Servicio Marítimo de medios no letales para neutralizar narcolanchas; el endurecimiento del Código Penal frente al narcotráfico y el crimen organizado; el refuerzo de la protección legal y material de Guardia Civil, Policía Nacional, agentes de aduanas y funcionarios de prisiones, y la declaración del Campo de Gibraltar y el litoral andaluz como Zona de Especial Singularidad.
Asimismo, el PP plantea que los delitos relacionados con el narcotráfico sean competencia de la Audiencia Nacional, la creación de jurisdicciones especializadas además de la necesidad de declarar a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo.
