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El PP-A defenderá una proposición no de ley el jueves en el Pleno del Parlamento en la que reclama, por una lado, el apoyo a las actuaciones de la Junta «en defensa de los intereses de Andalucía ante las instituciones de la Unión Europea» sobre la Política Agraria Común (PAC) y una política de cohesión económica, social y territorial de cara al Marco Financiero Plurianual 2028-2034, y, por otro, censurar «la insuficiente firmeza política» del Gobierno central para la consecución de garantías presupuestarias efectivas.
En la iniciativa, se insta al Ejecutivo nacional a que exija dotaciones suficientes, identificables y preservadas en términos reales, y que rechace «los recortes adicionales contemplados en las sucesivas propuestas negociadoras cuando menoscaben la renta agraria, el desarrollo rural y la convergencia de Andalucía con el resto de Europa».
Se demanda la «participación decisoria de las comunidades autónomas y entidades locales en la planificación, programación, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de los fondos europeos» y el rechazo a «cualquier fórmula de recentralización que, al amparo de los futuros planes de colaboración nacional y regional, reduzca a las administraciones territoriales a la condición de órganos meramente consultivos o ejecutores de decisiones estatales».
El PP-A plantea en su iniciativa que el Parlamento considere «irrenunciable mantener para la PAC, la política de cohesión y la política pesquera común objetivos propios, asignaciones financieras diferenciadas y suficientemente determinadas, reglas específicas de intervención y mecanismos de control que impidan la transferencia discrecional de recursos de unas políticas a otras dentro de un instrumento financiero integrado».
Se demanda al Gobierno central que promueva las modificaciones normativas necesarias para asegurar la estabilidad de las ayudas directas, la continuidad de los programas de desarrollo rural y la capacidad de decisión de Andalucía sobre los fondos que le correspondan.
Asimismo, se exige que la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la UE «no se traduzca en una transferencia encubierta de obligaciones financieras desde la administración general del estado hacia las comunidades autónomas, las entidades locales o los propios beneficiarios de las ayudas».
Se reclama al Gobierno español que remita a las comunidades autónomas información completa, periódica y desagregada de su posición negociadora y de los posibles efectos financieros para cada territorio; que convoque una participación efectiva de las administraciones competentes antes de la aceptación de compromisos que las afecten, y que no acepte el reglamento del Marco Financiero Plurianual «sin asegurar previamente una protección suficiente y jurídicamente verificable de la PAC, la cohesión y la gestión territorial de sus fondos».
