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Por Andalucía registra una PNL para asegurar que la RTVA contrata con empresas que previenen y combaten el acoso

Redacción

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Lo esencial

El grupo parlamentario Por Andalucía ha presentado una proposición no de ley para que la RTVA incluya obligaciones específicas contra el acoso laboral y sexual en sus contratos.

Por qué importa

Importa porque busca proteger a todos los trabajadores involucrados en producciones de la RTVA, asegurando un entorno laboral seguro y libre de acoso.

Qué ocurrió

El grupo parlamentario Por Andalucía ha registrado una proposición no de ley para que la dirección de la RTVA incluya en todos sus contratos obligaciones específicas contra el acoso laboral, sexual y por razón de sexo. Esta iniciativa busca que las empresas productoras, contratistas y proveedoras que trabajen con la RTVA acrediten y apliquen protocolos de prevención y actuación frente al acoso.

Entre líneas

La propuesta sugiere que la RTVA debe ser un referente en igualdad y prevención del acoso, extendiendo estas garantías a todas las personas que trabajen en producciones financiadas o contratadas por la RTVA. Esto implica que la radiotelevisión pública andaluza debe liderar en la implementación de medidas contra el acoso.

La clave

El grupo Por Andalucía quiere que la RTVA garantice mecanismos confidenciales y seguros para denunciar acoso, protegiendo a quienes denuncien de posibles represalias.

Artículo completo

El grupo parlamentario Por Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en comisión con la que quiere instar al director general de la RTVA —cargo que actualmente desempeña Juan de Dios Mellado— a «garantizar que todos los contratos, encargos y demás instrumentos de colaboración» de la RTVA «y sus sociedades filiales con empresas productoras, contratistas y proveedoras incluyan obligaciones específicas en materia de prevención y actuación frente al acoso laboral, sexual y por razón de sexo».

Así figura en el texto de esta iniciativa parlamentaria, consultada por Europa Press, registrada para su debate en la comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales, y en la que el grupo Por Andalucía reclama a la dirección de la RTVA la inclusión de dichas «obligaciones» frente al acoso laboral o sexual «de conformidad con la normativa vigente y con los protocolos de aplicación en RTVA».

Por otro lado, con esta PNL, el grupo Por Andalucía quiere que el Parlamento inste al director general de la RTVA a «exigir a las empresas productoras, contratistas y proveedoras que presten servicios» para la radio televisión pública andaluza y sus sociedades filiales que «acrediten, con carácter previo al inicio de la prestación y durante toda la vigencia de la relación contractual, la existencia, vigencia y aplicación efectiva de protocolos de prevención y actuación frente al acoso laboral, sexual y por razón de sexo, así como que dichos protocolos sean debidamente comunicados y accesibles a las personas trabajadoras adscritas a las producciones o servicios contratados».

También quiere que se inste a la dirección de la RTVA a «garantizar la plena implantación y el funcionamiento efectivo de mecanismos confidenciales, seguros y accesibles para que cualquier persona que preste servicios en producciones o actividades destinadas a RTVA o Canal Sur, con independencia de que su relación laboral sea directa o a través de una empresa contratista o proveedora, pueda comunicar o denunciar posibles situaciones de acoso, asegurando una adecuada información sobre la existencia y funcionamiento de dichos mecanismos».

«Garantizar que ninguna persona que de buena fe comunique o denuncie ante RTVA una posible situación de acoso o colabore en su investigación pueda sufrir represalias, perjuicios profesionales o consecuencias negativas» por parte de la RTVA, o «en relación con su participación en producciones o servicios contratados por esta», es otra de las propuestas incluidas en la iniciativa de Por Andalucía para que el Parlamento la traslade al director del ente público.

De igual modo, el grupo que cuenta con el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, como portavoz, pide con esta PNL que el Parlamento inste al director de la RTVA a «garantizar la aplicación efectiva del procedimiento previsto en la normativa interna» de dicho organismo «ante situaciones de acoso que afecten a personas vinculadas con empresas contratistas o proveedoras, reforzando sus mecanismos de activación, seguimiento, protección y adopción de medidas preventivas y garantizando que la comunicación de una posible situación de acoso ante RTVA no quede condicionada a la previa presentación de una denuncia ante la empresa empleadora».

De igual modo, la iniciativa propone que se incorporen «en los pliegos, contratos y demás instrumentos de contratación de RTVA y sus sociedades filiales cláusulas específicas de carácter social relativas a la igualdad entre mujeres y hombres y a la prevención y actuación frente al acoso laboral, sexual y por razón de sexo, estableciendo mecanismos de acreditación, seguimiento y control de su cumplimiento, así como las consecuencias contractuales que, en su caso, se deriven de los incumplimientos».

Asimismo, Por Andalucía quiere que desde el Parlamento se inste a la dirección de la RTVA a «elaborar un informe anual sobre las medidas de prevención y actuación frente al acoso desarrolladas en el ámbito de las empresas productoras, contratistas y proveedoras» del ente y sus sociedades filiales, «con pleno respeto a la normativa en materia de protección de datos y garantizando la anonimización de cualquier información que pudiera permitir la identificación de las personas afectadas», precisa la iniciativa.

La idea es que dicho informe se remita «a la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales» del Parlamento, y que incluya, «al menos, información agregada sobre las empresas que hayan acreditado disponer de protocolos, las acciones de información y formación realizadas, los mecanismos de denuncia disponibles, las comunicaciones o denuncias recibidas, las medidas preventivas adoptadas y los incumplimientos detectados, y, en su caso, las medidas contractuales adoptadas».

La iniciativa también propone que desde la dirección de la Radio Televisión de Andalucía se garantice «la realización de acciones de información y formación específica en materia de prevención, detección y actuación frente al acoso para el personal de las empresas productoras, contratistas y proveedoras que participe en producciones destinadas a RTVA y Canal Sur, prestando especial atención a las personas que desempeñen funciones de dirección, producción, coordinación y supervisión».

Finalmente, la PNL propone el establecimiento de «mecanismos periódicos de verificación y seguimiento» por parte de la RTVA y sus sociedades filiales del «cumplimiento efectivo por las empresas productoras, contratistas y proveedoras de sus obligaciones legales y contractuales en materia de igualdad y prevención y actuación frente al acoso, incluyendo la posibilidad de requerir la documentación acreditativa correspondiente y de adoptar las medidas contractuales previstas ante posibles incumplimientos».

Para justificar esta iniciativa, el grupo Por Andalucía plantea en su exposición de motivos que «la radiotelevisión pública andaluza debe actuar como referente en materia de igualdad y prevención del acoso en cualquiera de sus formas, extendiendo estas garantías a todas las personas que desarrollen su actividad profesional en producciones financiadas o contratadas por RTVA».

En esa línea, el grupo Por Andalucía considera «necesario establecer garantías homogéneas para las empresas y productoras que colaboran con RTVA en lo referente a la prevención, detección, protección, investigación y sanción de comportamientos que constituyan situaciones de acoso laboral, sexual o por razón de sexo».

Para la coalición con la que IU, Movimiento Sumar y Podemos concurrieron a las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo, «las situaciones de acoso laboral, sexual o por razón de sexo deben recibir una respuesta institucional ágil, rápida y eficiente, basada, en primer lugar, en la prevención; seguidamente, en la protección de las personas afectadas, en la confidencialidad y en la investigación independiente de las denuncias, y, por supuesto, en la imposición de sanciones sin paliativos a las personas acosadoras».

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