La diputada Alejandra Durán Parra, portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, ha registrado hoy en la Cámara autonómica una Ley Integral contra el Acoso Escolar y el Ciberacoso, una iniciativa «urgente, necesaria y que no puede esperar más», en palabras de la propia parlamentaria. De tramitarse y aprobarse, sería la primera ley sobre esta temática en todo el país.
Algunas medidas que incluye esta norma son la obligatoriedad de comunicar a inspección educativa cada denuncia de posibles casos de acoso o ciberacoso escolar en un plazo máximo 48 horas. También se recoge el reconocimiento del derecho del acompañamiento psicológico, psicoeducativo y socioemocional, así como, el derecho de las familias a participar en el proceso. Otra medida es la de garantizar la asistencia jurídica gratuita para víctimas.
Durán ha subrayado que esta propuesta que, «lamentablemente llega tarde», pero que «no se puede seguir poniendo parches o mirando hacia otro lado. El acoso escolar debe ser combatido desde todos los ámbitos, y todos los centros educativos, sean de la titularidad que sean, deben aplicar los mismos procedimientos. Hablamos de una de las amenazas más graves para la dignidad, la salud mental y el desarrollo pleno de nuestra infancia y adolescencia».
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La diputada ha recordado que el acoso escolar «es una violencia que muchas veces germina en silencio, en los pasillos, en los recreos, en los grupos de chats, en las redes sociales». Una violencia «que va mermando la autoestima, que rompe la confianza en el entorno educativo y que deja cicatrices profundas» y que, por tanto, «no puede seguir tratándose como simples incidentes escolares».
Durán ha insistido en que el acoso escolar es «un problema estructural, un problema social que exige una respuesta firme, unitaria y valiente». Cada caso, ha dicho, «es un fracaso colectivo, un recordatorio de que la sociedad andaluza no ha sabido garantizar la seguridad de quienes dependen completamente de ella. Y es también una llamada urgente a la responsabilidad política».
En este sentido, ha señalado que «ninguna administración, incluida la Junta de Andalucía, puede mirar hacia otro lado cuando un solo niño o niña vive con miedo al volver a clase».
Una ley «valiente, integral y ambiciosa»
La parlamentaria ha explicado que la ley se ha elaborado tras meses de trabajo con colectivos, familias, profesionales y movimientos sociales. «Andalucía necesitaba una ley valiente, integral y ambiciosa, que coloque a la infancia en el centro de la acción pública y que reconozca que el acoso no es un simple conflicto educativo: es una vulneración de derechos fundamentales. Del derecho a la educación, a la integridad física y emocional, a la dignidad, a la igualdad y a un entorno seguro».
La nueva norma nace, ha dicho, «desde la convicción profunda y la voluntad clara de dotar a la comunidad educativa de un marco normativo sólido, actualizado, eficaz y garantista. Una ley que sustituya la improvisación por la prevención, el silencio por la protección y la impunidad por la responsabilidad».
Prevención, protección y acompañamiento emocional
Durán ha incidido en que la violencia no se combate solo con sanciones, «también con apoyo emocional, apoyo psicológico, intervención temprana, familias acompañadas, docentes formados y administraciones que funcionen con agilidad, transparencia y rigor».
La ley aspira, según ha explicado, «a transformar la cultura educativa andaluza: que la protección a la víctima sea inmediata, que la reeducación del agresor sea efectiva y que el acompañamiento emocional sea un derecho garantizado, no algo condicionado a los recursos del centro o a la voluntad del equipo directivo».
Una Andalucía donde «ser diferente jamás sea un problema»
Para Durán, el objetivo último es «construir una Andalucía donde ser diferente nunca sea un motivo para sufrir, donde ningún menor afronte en soledad el peso del acoso y donde la convivencia escolar sea un pilar de la democracia, la igualdad y el bienestar colectivo». «Cada niño y cada niña importan», ha concluido la diputada. «Su bienestar es un derecho. Andalucía debe proteger a su infancia. Y cuando lo haga, será una tierra aún más justa, más libre y más fuerte».
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