La coalición Por Andalucía ha criticado este domingo el «estado crítico» en el que se encuentra la red de Atención Infantil Temprana (AIT) en la provincia de Granada, consecuencia «directa» de las «políticas de desmantelamiento y privatización ejecutadas por el Gobierno del Partido Popular».
Tal y como ha emitido la coalición en una nota, frente a esta situación de «colapso», la formación ha presentado un plan de choque integral diseñado para blindar «este servicio esencial», reducir «drásticamente» las listas de espera y garantizar el derecho de los menores granadinos y sus familias a recibir asistencia especializada «de forma ágil y digna».
Actualmente, según han señalado, las demoras burocráticas impiden que cientos de niños accedan a tiempo a «terapias fundamentales» para su neurodesarrollo —logopedia, psicología o fisioterapia—. El candidato de Por Andalucía por la provincia de Granada, Rafa S. Rufo, ha situado la Atención Temprana como una «prioridad innegociable» de su programa de gobierno, poniendo el foco en la «insostenible situación de centros de referencia» como el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) San Rafael.
La coalición ha asumido como propias las reclamaciones de este centro, cuyos profesionales «afrontan a diario la falta de recursos autonómicos mientras la demanda asistencial no deja de crecer».
«El dinero público debe ir destinado a fortalecer centros como el de San Rafael y a dignificar el trabajo de las cuidadoras y terapeutas, mayoritariamente mujeres, que sufren la precariedad del sistema», ha declarado Rafa S. Rufo.
En este sentido, el candidato ha apostillado que «Andalucía no puede permitir que la burocracia sea una barrera para la dignidad. En estas elecciones nos jugamos un modelo de sociedad: la precariedad, las listas de espera y el negocio para unos pocos, o la esperanza y el rescate efectivo de los servicios públicos».
Para revertir este escenario de emergencia, Por Andalucía ha detallado una batería de propuestas centradas en lo público y la proximidad. La medida principal de la coalición pasa por una inyección presupuestaria y de personal suficiente en las delegaciones territoriales para agilizar todos los trámites de valoración.
Asimismo, Por Andalucía exige establecer por ley un «compromiso ineludible» de gestión por objetivos con un un plazo máximo de tres meses para el reconocimiento de la necesidad y otros tres meses como máximo para el inicio efectivo de la prestación.
En suma, la candidatura de izquierdas aboga así por «desterrar el modelo de derivaciones y privatización impulsado por Moreno», apostando «firmemente por la gestión pública directa». Rufo ha concluido reafirmando que «la solución para Granada pasa por un gobierno que ponga la vida y los cuidados en el centro», haciendo un llamamiento a la «movilización masiva» de las familias trabajadoras, la juventud y la mayoría social en las urnas para proteger los derechos conquistados.
