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La Fiscalía Provincial de Cádiz ha propuesto una reforma legal que permita la destrucción de las embarcaciones de alta velocidad —conocidas como narcolanchas— y sus motores de forma más ágil para evitar su acumulación en depósitos, una medida que desde la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz).
La medida de la Fiscalía propone la reforma del párrafo segundo del artículo 367 ter LECrim, en el sentido de incluir la posibilidad de destrucción administrativa de las embarcaciones de alta velocidad y sus motores, consideradas como género prohibido, una vez realizada la valoración e informe técnicos correspondientes, según recoge la memoria anual de 2025 de la Fiscalía General del Estado, consultada por Europa Press.
En el texto, se indica que se están produciendo «graves problemas de seguridad», según alertan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto por «el riesgo elevado» de sustracción de los motores y componentes, como para la salud pública y el medio ambiente debido a los residuos que generan. Esto se produce, «fundamentalmente», por la tardanza en obtener las autorizaciones judiciales de destrucción, «ante la saturación de los juzgados que se encargan de las causas derivadas de esas aprehensiones», como expone la Fiscalía de Cádiz.
Ante esto, el presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), Francisco Mena, ha señalado a Europa Press que «cualquier medida que venga a mejorar la destrucción de la narcolancha» es «bienvenida», coincidiendo con la Fiscalía en que la acumulación en depósitos judiciales y privados de estas embarcaciones se debe a la tardanza de las autorizaciones para ello, al estar los juzgados «desbordados» de causas en la provincia de Cádiz.
«No podemos seguir cómo estamos actualmente, con los depósitos judiciales prácticamente rebosando e incluso utilizando espacios que no son ni siquiera depósitos judiciales, como ha pasado en el puerto de Algeciras, donde se acumulan las narcolancias», ha manifestado Mena, quien ha advertido que «el espacio físico se acaba por la lentitud que hay en la destrucción de esas embarcaciones».
Otro «problema» destacado por Mena ha sido el del propio proceso de liquidación de estas embarcaciones, que tiene que pasar por una fase llamada «de descontaminación» para evitar riesgos medioambientales y humanos, además de tener un coste económico que tiene que afrontar la administración competente. Esto requiere de una adjudicación previa a una empresa encargada del procedimiento, con lo que los plazos se alargan.
Como posible alternativa, el presidente de esta plataforma social ha abogado por crear un órgano de coordinación que realice un recuento de las narcolanchas en depósito pendientes de su destrucción y requiera a los juzgados competentes las autorizaciones necesarias para ello.
A su juicio, esto permitiría descargar de trabajo a los jueces de los juzgados mixtos de la provincia que se encuentran «desbordados» de causas, tanto relativas al tráfico de drogas como otros asuntos sociales o civiles, y evitar también imágenes de decenas de narcolanchas acumuladas en depósitos.
