El Sindicato Manos Limpias ha presentado un escrito ante el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, para comunicar que desiste como acusación popular ante «el inmenso» número de personaciones en el caso, además del Ministerio Público.
Según expone el sindicato en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, «el proceso tiene las suficientes garantías» ante las acusaciones populares personadas y solicita al juzgado que admita el desistimiento y que proceda a la devolución de la fianza de 3.000 euros.
Al respecto, la jueza dictó hace menos de un mes sendas providencias en las que requería tanto a las acusaciones particulares personadas, que suman 142, como a las acusaciones populares, un total de seis, para que, en el plazo de 15 días procedieran a «unificarse bajo una sola representación y dirección letrada, designando al efecto procurador y letrado comunes, con indicación expresa de quien asumirá la representación unificada».
Además, apercibía expresamente a las referidas acusaciones particulares de que, transcurrido el plazo concedido sin haberse alcanzado acuerdo, «este órgano judicial procederá a su unificación de oficio», según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En una providencia posterior —fechada el 23 de abril— indicaba que «a fin de salvaguardar el principio de contradicción, la igualdad de las partes personadas y la adecuada ordenación del procedimiento», acuerda dar la opción a las partes personadas para que formulen las alegaciones que «estimen pertinentes en relación a la procedencia y alcance de la unificación interesada» en un plazo de diez días.
También suspendió el cómputo del plazo de 15 días, que «quedará en suspenso hasta en tanto en cuanto recaiga resolución resolviendo sobre la cuestión de la unificación una vez formuladas las alegaciones, reanudándose el cómputo una vez se dicte la oportuna resolución, y sin perjuicio de que a la vista de lo resuelto se pueda dejar sin efecto o modificar la providencia del día 22 de abril».
Al hilo, distintas partes personadas en la causa han presentado alegaciones ante ello, entre ellas la representación procesal de la familia Morillo, afectada por la muerte de Mario Jara Morillo, quien falleció en el siniestro, que interpuso ante el Tribunal de Instancia de Montoro un recurso de reforma, defendiendo «la libre elección de abogado frente a la unificación impuesta».
Según explicaron desde la dirección letrada, con Luis Romero Santos, abogado penalista y Doctor en Derecho, se produce «vulneración de derechos fundamentales», dado que «la medida judicial vulnera el artículo 24 de la Constitución Española, en su vertiente de tutela judicial efectiva y derecho de defensa, al restringir la facultad de las víctimas de elegir libremente a su abogado».
En este sentido, remarcaron que «la imposición de una dirección letrada única supone una restricción directa de este derecho fundamental, al obligar a las perjudicadas a someter su estrategia procesal a un letrado no elegido por ellas».
