Artículo completo
El vicepresidente de la Federación Andaluza y Nacional de Empresarios de Playas (Faeplayas) y presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, ha advertido que la nueva modificación del Reglamento General de Costas en España podría suponer «el principio del fin del modelo tradicional del chiringuito».
En una entrevista concedida a Europa Press, el vicepresidente de Faeplayas ha señalado que desde la federación han solicitado varias reuniones al Ministerio de Medio Ambiente y al Secretario de Estado, pero ha asegurado que no lo han conseguido porque «anulan la reunión a última hora».
Trujillo ha asegurado que la incertidumbre generada ha afectado a los empresarios que desean realizar inversiones a largo plazo, ya que «donde había seguridad política, se dejará de tener un aspecto que nosotros siempre hemos demandado a la Administración», tras lamentar que la tranquilidad conseguida durante años «se ha perdido».
Trujillo ha expresado su preocupación por la aplicación de la normativa, especialmente respecto a las concesiones existentes, puesto que varias concesiones del litoral de Andalucía y de España «fueron otorgadas por 30 años, aunque renovables cada diez», ha aseverado, tras señalar la existente incertidumbre sobre la modificación del reglamento y la adaptación a la misma por parte de unos empresarios que han pronosticado «la transformación total de los establecimientos».
Preguntado por el cambio del modelo tradicional de chiringuito, Trujillo ha asegurado que «el modelo tradicional de chiringuito que todos conocemos en Andalucía va a desaparecer y transformará las economías de establecimientos en la playa y el propio turismo».
Respecto a la imagen turística de Andalucía, Trujillo ha destacado que «se van a perder esos valores tradicionales de la visión del establecimiento, puesto que durante décadas hemos sufrido muchas transformaciones pero siempre hemos mantenido el arraigo en la zona». Además, el vicepresidente de la Faeplayas ha señalado que la «apuesta clara» por el producto local y la promoción de la tradición andaluza en los chiringuitos «ha beneficiado a la zona y a sus visitantes».
Asimismo, respecto a la transformación en el concepto chiringuito que puede provocar esta nueva legislación, Trujillo ha reconocido «desconocer lo que va a venir en los próximos establecimientos que vengan a raíz de la modificación del reglamento», a su vez ha alertado sobre los problemas de adaptación que se derivarían de la entrada en vigor de la nueva normativa y ha subrayado que «a muchos empresarios les pillará en medio de una tramitación sin saber que reglamento se le va a aplicar».
El representante de Faeplayas ha criticado que la legislación se elabore desde Madrid sin comprender la realidad de las comunidades costeras, y ha señalado que la capital española «desconoce la idiosincrasia de cada comunidad autónoma y de cada provincia».
El vicepresidente ha lamentado que la modificación del reglamento «empeore la situación», tras haber estado «a punto de solucionar la problemática del sector en España». En esta misma línea, ha asegurado que «si la modificación sigue hacia delante, el sector va a estar en una posición como nunca antes ha estado»
«La modificación de la normativa no soluciona nada y vuelve a poner al sector en el filo de la navaja otra vez y no resuelve los problemas del sector de los chiringuitos españoles», ha concluido el vicepresidente.
Desde el pasado 17 de marzo, el Gobierno ha planteado la modificación del Reglamento General de Costas con el objetivo de adaptar el régimen de concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre a las exigencias de la normativa europea, después de que la Comisión Europea haya «cuestionado» el actual sistema de adjudicación y prórroga de estos títulos.
La reforma, cuyo anteproyecto ha sido sometido a consulta pública entre febrero y marzo, planteará introducir procedimientos de selección que garanticen la publicidad, transparencia e imparcialidad en el acceso a las concesiones para la ocupación y explotación del dominio público marítimo-terrestre.
