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La Policía Nacional ha detenido a 19 personas en distintos puntos de España por presunta falsedad documental, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal al facilitar la regularización de inmigrantes mediante la simulación de parejas de hecho. Se trata de la continuación de la operación Vínculo, iniciada en 2025 y que, en su primera fase, culminó con el arresto de otras 46 personas.
En concreto, la operación Vínculo II se ha desarrollado en el primer semestre de este año, con las citadas 19 detenciones en Jaén, Málaga, Tenerife y Melilla, según ha informado este martes en una nota la Comisaría Provincial del CNP en Jaén.
Fue a principios de febrero de 2025, cuando su Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras comenzó la denominada operación Vínculo, tras recibir información sobre varias solicitudes de permiso de residencia por circunstancias excepcionales, a través de matrimonios de conveniencia. Eran parejas de hecho registradas en Cataluña, relacionados con empadronamientos en domicilios de la localidad jiennense de Torredonjimeno.
Los agentes realizaron distintas gestiones, detectando la falsedad en los documentos presentados para la solicitud de dichos permisos de residencia, que se conseguían mediante el registro de parejas. Se detectaron más de 300 solicitudes de permisos de residencia conseguidos en fraude de ley, presentadas en distintas oficinas de extranjería de la geografía española, siendo la mayoría de las parejas registradas, entre ciudadanos de origen marroquí y ciudadanas españolas.
La regularización se lograba al registrarse como pareja de hecho en diferentes notarías de Barcelona, previo empadronamiento en esa localidad, con ciudadanas españolas, a las que no conocían con anterioridad y con las que no mantenían ningún tipo de relación personal.
De esta manera, obtenían la Autorización de Residencia de Familiar Comunitario, que habilitaba para la residencia durante cinco años y para trabajar por cuenta propia o ajena.
La organización criminal llegaba a cobrar por los trámites cantidades que podían alcanzar los 12.000 euros a cambio de que les introdujeran ilegalmente en territorio nacional o bien les facilitaran la documentación necesaria para poder acogerse a alguna de las circunstancias establecidas en la legislación para regularizar si situación una vez se encontraban irregularmente en España. De este modo, los cabecillas llegaron a obtener «más de 30 millones de euros».
La organización, establecida entre las ciudades de Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga, tenía tareas repartidas y bien definidas. En su cúspide estaban los cabecillas, personas españolas y marroquíes que planificaban todas las actuaciones y se encargaban de captar a los restantes miembros de la red, a los que ordenaban y distribuían las labores, siendo los receptores de la mayor parte de las ganancias.
En el siguiente eslabón se encontraban los captadores, que eran los encargados de encontrar chicas españolas —la mayor parte de la provincia de Málaga— para inscribirse como parejas estables de hecho. También realizaban tareas logísticas y de desplazamiento entre las provincias de Málaga y Barcelona.
Los facilitadores se ocupaban de conseguir la documentación falsificada necesaria para la presentación de las solicitudes de permiso de residencia, mientras que las tradicionalmente conocidas como mulas se encargaban de transferir el dinero obtenido por la organización.
La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Jaén, en colaboración con otras unidades, realizó como colofón a la operación Vínculo, un total de 46 detenciones, si bien la investigación continuó abierta, y no se descartaban nuevas detenciones.
En este sentido, finalizadas todas las gestiones y como ampliación de la primera fase, por parte de la Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Jaén, se ha explotado la operación Vínculo II durante el primer semestre de 2026.
En esta ocasión, se ha arrestado a 19 personas más en las localidades de Jaén, Málaga, Tenerife y Melilla por los presuntos delitos de falsedad documental y favorecimiento a la inmigración ilegal.
Además, se ha solicitado a diferentes oficinas de extranjería y delegaciones y subdelegaciones del Gobierno la extinción de los permisos de residencia que fueron conseguidos en fraude de ley. Igualmente, se ha pedido a la Agencia Tributaria la extinción de cualquier tipo de ayuda social obtenida por estas personas mediante los delitos investigados.
