Artículo completo
La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha citado para este jueves a técnicos de Iryo y Renfe, así como de otras empresas y los peritos judiciales, para la práctica de la diligencia de acceso, descifrado e interpretación en sede judicial de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes, las cajas negras.
Según recoge la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha pedido al departamento de Informática que los técnicos dispongan de los medios necesarios solicitados por Hasler Rail —fabricante de los equipos— el día señalado para la práctica de la diligencia.
En relación con la misma, la jueza ha aclarado a la empresa Hasler Rail que el informe técnico que deberá presentar en el plazo requerido por ser el fabricante de los registradores jurídicos —cajas negras— y proveedor de herramientas necesarias para el acceso, visualización y presentación de la información registrada, «deberá de ser un informe técnico descriptivo de las actuaciones realizadas durante la práctica de la diligencia y de los resultados obtenidos en el ámbito de sus competencias —asistencia en la carga y visualización de los registros, identificación y explicación técnica de las señales, configuración de vistas gráficas y cronología, comprobaciones propias del sistema de registro que resulten necesarias, etc.—».
También, aclara a los restantes técnicos intervinientes —salvo peritos judiciales— en la práctica de la diligencia de acceso, descifrado e interpretación de los datos de las cajas negras de los trenes Alvia e Iryo siniestrados, que su informe «deberá de alcanzar la interpretación del comportamiento global de cada tren, correlación funcional de sus distintos subsistemas, determinación de posibles causas y factores contribuyentes del accidente y demás extremos que puedan plantearse durante la práctica de la diligencia que recaigan en el ámbito de sus competencias de interpretación», según ha expuesto en una providencia del día 6 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, las dependencias de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogieron el día 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados, después de que el Tribunal de Instancia de Montoro autorizó el día 26 de febrero el acceso, extracción y análisis del contenido de las mismas, así como el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.
Así, la jueza autorizó el empleo de cualquier programa informático que verifique «la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés». El proceso de volcado, extracción y análisis se realizó en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantaron acta del procedimiento, «obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos», conservando una copia en su poder para continuar con la investigación y haciendo entrega de otra copia de forma inmediata al órgano judicial.
Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa.
A mediados de mayo, la jueza libró oficio a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, a fin de que, «con carácter urgente», por el órgano administrativo competente se adoptaran las medidas necesarias para facilitar a este órgano judicial, «a la mayor brevedad posible», acceder a aplicaciones informáticas y contar con personal de la empresa fabricante para descifrar las cajas negras de los dos trenes.
En una providencia, la jueza tomó esta decisión ante «el estado de las actuaciones», de modo que pidió el acceso a las aplicaciones informáticas —'softwares'— denominadas Multirec-SG y Husler-SG de los registradores jurídicos del tren Iryo y del Alvia, de cuyas licencias de instalación y uso es propietaria Hasler Rail, así como «personal de la empresa fabricante que permita el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos, todo ello por estimarse necesario para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente instrucción».
A principios de junio, la Junta de Andalucía resolvió aprobar por un total de 1.980 euros más IVA el coste de la práctica de la pericia solicitada por la Plaza judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, de cara a tener los medios para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes.
Según se recoge en la resolución de la Secretaria General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba, se trata de un 'software' de cuya licencia de instalación y uso es propietaria la empresa Hasler Rail, de manera que la «pericia sólo puede realizarse por esta».
El escrito detalla que «el citado gasto no se encuentra entre los que pueden ser realizados por el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia o por las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos, los cuales se recogen en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Córdoba de 1 de marzo de 2018, dictada en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 4/2018, de 16 de enero (BOJA 16, de 3 de enero), por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes».
En este sentido, desde el Gobierno autonómico andaluz se ha solicitado presupuesto a la empresa Hasler Rail, que lo ha emitido de forma detallada por un importe de 1.980 euros, IVA excluido.
