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La Fiscalía de Almería ha constatado el uso del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) como «refugio de las narcolanchas» por parte de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, si bien, su actividad «ha mutado» hasta convertirse en «abastecedoras de gasolina» a las embarcaciones que operan «no solo en esta provincia sino en todo el litoral andaluz».
Así se desprende de la Memoria Anual de la Fiscalía de 2025, consultada por Europa Press, en la que se expone cómo esta zona protegida de litoral se ha convertido en un espacio seguro ante situaciones de «inclemencias marítimas» por parte de los delincuentes.
El 'petaqueo' se ha constituido, de este modo, como una actividad «especialmente lucrativa» para las mafias. Así, durante 2025, se optó por calificar estas conductas de forma alternativa como delitos de riesgo y tenencia de sustancias inflamables a falta de un delito específico, lo que dio lugar a dos sentencias por parte de la Audiencia Provincial.
Paralelamente, se ha impulsado la persecución de los vertidos de hidrocarburos producidos en el espacio protegido de Cabo de Gata-Níjar bajo la tipología de los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.
La Fiscalía apunta igualmente que la presión policial ejercida en el Estrecho de Gibraltar y la desembocadura del Guadalquivir han provocado que las rutas delincuenciales trasladaran su logística hacia el litoral almeriense.
Así, respecto al tráfico de cocaína, especifica que «Almería ha emergido, de manera novedosa, como punto de entrada o guardería, alterando la geografía tradicional de esta sustancia» en la región.
A lo largo del pasado año se tramitaron 187 causas penales por delitos contra la salud pública —26 menos que el ejercicio anterior—, de forma que se incoaron 17 causas relativas al tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud con concurrencia de cualificaciones agravantes específicas (organización criminal o uso de embarcaciones) y 16 procedimientos por tenencia ilícita de armas vinculada a la infraestructura del narcotráfico.
El documento destaca que a pesar de la complejidad de las causas derivadas del tráfico de droga, con «numerosos investigados» y el «elevado volumen de piezas separadas», solo existe un fiscal delegado que carece de apoyo adicional de otros fiscales y que además carece de sección especializada. «Sería necesario al menos un fiscal más», expone la memoria.
La Fiscalía sitúa Almería además como una de las principales puertas de entrada de la inmigración irregular marítima, con la llegada de 5.112 personas a bordo de 337 pateras o embarcaciones precarias interceptadas, lo que dio lugar a 26 procedimientos penales dirigidos contra patronos e integrantes de las mafias.
Asimismo, Almería lidera a nivel autonómico en Andalucía el volumen de expedientes para la determinación de la edad de menores extranjeros no acompañados, con 709 expedientes durante el pasado ejercicio.
La Fiscalía llama la atención además en el «incremento alarmante» que se produce en los delitos relacionados con la violencia sexual entre menores, con un total de 75 expediente de reforma abiertos en Almería —solo por detrás de Sevilla, con 183—, lo que achaca fundamentalmente al «consumo desbordado por parte de los menores de las redes sociales y, en particular, de las páginas de pornografía».
En términos generales, la Fiscalía de Almería considera muy elevado el número de delitos contra la libertad sexual abarcando todas las modalidades delictivas, con víctimas, tanto mayores como menores de edad, corrupción de menores, prostitución, exhibicionismo o trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual. Durante 2025 se mantuvieron en tramitación tres causas penales por delitos de trata de personas con fines de explotación laboral o sexual.
En este último supuesto, aparecen víctimas «muy vulnerables e indefensas, teniendo que hacer uso habitualmente de la práctica de pruebas anticipadas de menores y de testigos protegidos». También se lamenta de que, en gran parte, las víctimas de estos delitos son menores de edad.
De otro lado, se está consiguiendo evitar la victimización secundaria o reiterada, «realizando la prueba anticipada de la declaración de las víctimas y evitando en todo caso la confrontación visual con los acusados».
En cuanto a las medidas cautelares y garantizar la integridad física de las víctimas de violencia de género, el uso de pulseras telemáticas presenta unos niveles de implantación «muy elevados», con 346 dispositivos de control telemático activos a finales de año.
Esta cifra sitúa a Almería con una tasa de 1.128 dispositivos por millón de mujeres mayores de 15 años, lo que representa la segunda tasa más alta de España , únicamente superada por la provincia de Granada.
La Fiscalía señala que la sustitución de la empresa concesionaria encargada de la gestión de las pulseras provocó disfunciones técnicas e incidencias en la transmisión de señales de alarma, circunstancia que exigió una continuada intervención fiscal para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de protección.
