Artículo completo
La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, ha hecho este martes un balance de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en la provincia durante el primer semestre de 2026, «unos meses durante los que la institución provincial ha transferido a los ayuntamientos un total de 46.047.867,62 euros».
Así lo ha afirmado en rueda de prensa Aguilera, quien ha añadido que «esta transferencia de crédito ha permitido atender a 11.600 personas en situación de dependencia en la provincia, a las que se les han prestado un total de 2.759.568,59 horas de asistencia».
«Pero el Servicio de Ayuda a Domicilio —ha proseguido— nos permite además hablar de empleo, ya que se estima que durante este primer semestre del año han sido 5.200 auxiliares las que han desempeñado esta labor, siendo el 90% mujeres, lo que convierte a este servicio en un importante generador de empleo femenino».
La también presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) ha hecho hincapié en «la importancia de contextualizar cómo esta prestación es un soporte de gran importancia para muchas familias, un apoyo que permite dar respiro a los cuidadores».
Según ha señalado Aguilera, «esta importancia nos lleva a realizar un esfuerzo importante en las horas de atención que se ofrecen al usuario, pasando de las 20 a las 37 horas para el primer grado; de 38 a 64 horas mensuales para el grado II y, de 65 a 94 para el grado III».
En cuanto a la financiación, ha subrayado que la Junta de Andalucía «mantiene un sustancial compromiso en los último años, incrementado el precio hora de financiación del servicio». En este sentido, se ha pasado «de los 13 euros por hora financiados en los primeros años de prestación, a los recientemente aprobados para 2026 por el Gobierno andaluz de 17,46 euros por hora de prestación de servicio».
Además, según ha añadido, «la ayuda a domicilio es algo que afecta a mucha gente y que cuenta con muchos agentes implicados, de ahí la necesaria colaboración entre administraciones, en este caso de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y la Diputación. Así, desde el IPBS somos conscientes de que nos encontramos ante un trabajo arduo y minucioso que nos exige un gran esfuerzo para responder a las necesidades de cada usuario», según ha apostillado Aguilera.
La delegada de Derechos Sociales de la institución provincial ha remarcado que, «sin duda», estos son «unos datos que reflejan la apuesta firme que la Diputación de Córdoba hace por este servicio, entendiendo que es uno de los más adecuados para las personas en situación de dependencia».
Por esta razón, según ha concluido Aguilera, «el servicio debe ser prestado con todas las garantías de calidad y eficiencia, por lo que la coordinación, colaboración y entendimiento entre los ayuntamientos, las empresas prestadoras de servicio y la propia institución provincial, a través del IPBS, como entidad que financia y que supervisa el servicio, se hace imprescindible».
