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La Junta de Andalucía y el Gobierno de España han acordado este jueves «unificar sus esfuerzos» para «agilizar la tramitación» del procedimiento iniciado por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio para recuperar el paraje de El Algarrobico en Carboneras (Almería) mediante la demolición del hotel frente a otras alternativas, entre las que se encuentra en marcha la expropiación de los terrenos.
En una nota conjunta tras la reunión de la comisión mixta de seguimiento del protocolo para la recuperación ambiental de este espacio, ambas partes han manifestado que los esfuerzos se concentrarán principalmente en el expediente iniciado por la Administración andaluza el pasado mes de septiembre.
El departamento que dirige la consejera andaluza Rocío Díaz inició un procedimiento para restablecer la legalidad de los terrenos en las parcelas ocupadas por el inmueble promovido por Azata del Sol después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras aprobara el 7 de julio la revisión de oficio de la licencia de obras concedida en 2003, de cara a su nulidad, lo que desbloqueó jurídicamente esta posibilidad.
«Tras esa decisión municipal, la coordinación entre ambas administraciones tiene como objetivo dar agilidad a este procedimiento y avanzar en las actuaciones necesarias para hacer posible la demolición del edificio y la recuperación del espacio natural, por parte del promotor, con arreglo a los trámites y las garantías previstos en la normativa», han reconocido ambas partes.
La elección de la vía andaluza como camino prioritario para llegar al derribo del hotel toma fuerza frente a la expropiación parcial iniciada hace más de un año por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre los suelos de la zona de servidumbre de protección que ocupa el establecimiento y que son de su competencia. El Gobierno animó en varias ocasiones a la Junta a seguir también esta iniciativa sobre los terrenos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Cabe recordar que el camino de la expropiación del Gobierno se inició en febrero de 2025, si bien la promotora recurrió la medida ante la justicia. En el ámbito administrativo, aún sigue pendiente que un tribunal provincial de expropiaciones concrete el justiprecio de la expropiación ante los 16.500 euros ofrecidos por el Estado frente a los 44,5 millones de euros reclamados por Azata.
Sobre la continuidad o no de la expropiación, desde el Miteco han trasladado a Europa Press que «las vías propuestas por el Gobierno de España para lograr el derribo del Algarrobico han permitido desbloquear una situación que permanecía estancada desde hace años».
Asimismo, han reconocido que la nulidad de la licencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras «ha permitido que la demolición esté más cerca de que sea una realidad», de modo que el Ministerio «está firmemente comprometido para que se produzca lo antes posible».
Por el momento, ninguna de las partes ha establecido un calendario o ha trasladado aportaciones económicas para materializar el derribo en el marco del expediente, que cuenta con un año como plazo máximo para instruir y resolver el procedimiento.
El acuerdo que daba inicio al expediente detalla las medidas para la reposición de los terrenos, a cargo de la empresa promotora, a través de un informe técnico previo en el que se incide en la demolición total de las edificaciones y las estructuras del establecimiento —como obras materialmente ilegalizables— así como el desmantelamiento de servicios, infraestructuras o instalaciones complementarias.
También expone la necesidad de restaurar los terrenos para recuperar sus valores ecológicos y pasajísticos, sentido en el que habría que atender las determinaciones que establezca la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con un año como plazo máximo para instruir y resolver el procedimiento.
El documento rubricado el pasado 8 de septiembre por el director general de Ordenación del Territorio, Francisco Javier Díaz, instaba a solicitar la registro de la propiedad la anotación preventiva del procedimiento sobre las fincas afectadas para asegurar la actuación.
El marco de colaboración entre la Junta y el Gobierno de España, reiterado por ambas administraciones su décima reunión, se recoge en el protocolo firmado en noviembre de 2011 para la recuperación de la playa de El Algarrobico.
En concreto, el protocolo estableció, en su caso y llegado el momento, el compromiso del Ministerio de abordar la demolición de la edificación y el de la Junta de Andalucía de abordar el desescombro y la correcta gestión de los residuos que la demolición genere.
En dicho protocolo se establece una Comisión Mixta de Seguimiento, que es el órgano previsto para coordinar estas actuaciones y supervisar su desarrollo. Constituida oficialmente en Sevilla el 7 de marzo de 2016, su presidencia corresponde actualmente a la Junta de Andalucía, durante el periodo comprendido entre el 7 de marzo de 2026 y el 6 de marzo de 2027. La anterior reunión se celebró el pasado 23 de junio.
En el encuentro, celebrado mediante videoconferencia, han participado representantes de las consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
