Artículo completo
El Gobierno considera «materialmente imposible» que antes de las elecciones generales adelantadas para el próximo 29 de noviembre se pueda diferenciar entre las personas nacionalizadas por la 'ley de nietos' y quienes lo fueron por otros motivos, después de que el Tribunal Supremo paralizara de forma cautelar el voto y las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) salvo exilio acreditado.
Así ha respondido el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, al plazo de alegaciones abierto por el alto tribunal después del adelanto electoral y antes de resolver sobre el fondo del asunto, según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
«O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA —pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna— o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone», considera.
Y añade que «ya que no es posible discernir en el CERA» en los «breves plazos» que configura la ley electoral entre los inscritos que adquirieron la nacionalidad por la 'ley de nietos' y «aquellos que son españoles por otros motivos».
Además, los servicios jurídicos del Estado acusan a Vox de que el «verdadero propósito» es que «se elimine el derecho de voto de los españoles que proceden del exilio exterior en contra de la constante voluntad del legislador desde 2007».
Fue el pasado septiembre cuando el Supremo frenó de manera cautelar la 'ley de nietos' mientras analizaba el fondo de la cuestión argumentando que lo hacía por la «transparencia» de las elecciones debido al aumento del censo y porque los intereses generales del Estado priman sobre el derecho al voto de las personas que hayan adquirido la nacionalidad.
Ante esa decisión, el Ejecutivo presentó recurso al considerar que «no existe ningún riesgo derivado del crecimiento del CERA» y que no puede alterar el resultado electoral «por pura matemática».
La Abogacía del Estado pidió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que deje sin efecto la suspensión y dé marcha atrás con las medidas adoptadas, advirtiendo también de que hay consulados con dificultades para poder analizar todos los expedientes en plazo.
