El letrado titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba ha advertido de «la indeterminación» de los hechos referenciados en el escrito presentado por el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, al solicitar la apertura de un expediente de investigación y adopción de medidas tras la supuesta intervención de un vehículo que, «según se dice, portaba identificación o distintivos oficiales del Consistorio, utilizado para la comisión de un presunto delito electoral ocurrido los días 12 y 13 de mayo consistente en la colocación masiva en distintos puntos de la ciudad de carteles dirigidos contra Isabel Ambrosio Palos».
En el informe de la asesoría se expone que «no se concreta siquiera el modelo, matrícula o color del vehículo, ni la identidad o apariencia de la persona que lo utilizaba, ni día ni hora en que se produjeron los hechos, ni siquiera un principio de prueba indiciario de la intervención de ese pretendido vehículo, etc.», algo que, en opinión del letrado, «hacen de imposible adopción las medidas solicitadas, por su excesiva generalidad y amplitud».
Además, remarca que la asesoría jurídica ha tenido conocimiento que, por los mismos hechos, la exalcaldesa y exparlamentaria andaluza por el PSOE Isabel Ambrosio ha presentado denuncia que se tramita en la Plaza número ocho de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, a la vez que el 13 de mayo también se presentó denuncia en la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Córdoba. En estas denuncias se han solicitado la adopción de las mismas medidas cautelares que el portavoz socialista pide en su escrito.
«Ante la tramitación de dos denuncias, una penal y otra por infracción electoral, en los órganos competentes para ello —jurisdicción penal y Junta Electoral de Zona—, en las que se han solicitado la adopción de una serie de diligencias encaminadas a esclarecer los hechos, no procede que el Ayuntamiento inicie investigación alguna, dada la prevalencia que tiene la jurisdicción para el esclarecimiento de hechos que pudieran tener relevancia penal», detalla el letrado.
No obstante, asegura que «dada la prevalencia de la jurisdicción penal en la investigación de hechos que se consideren constitutivos de delito, el Consistorio cumplimentará aquellas diligencias que solicite el instructor de la causa, adoptando cuantas medidas considere necesario para el esclarecimiento de los hechos».
