La Guardia Civil ha investigado a tres trabajadores de una empresa cárnica de la provincia de Jaén por su presunta vinculación a una trama en la que se usurpaba la identidad de una persona para falsificar los certificados sanitarios para el transporte de piezas de caza abatidas en cacerías en otras provincias como Ciudad Real, Albacete y Cáceres.
La carne se trasladada hasta una sala de despiece, tratamiento y comercialización de carnes de caza ubicada en la provincia de Jaén, donde realizaban su elaboración y posterior venta al consumidor.
Fue la persona a la que supuestamente suplantaron su identidad la que el pasado mes de marzo interpuso la denuncia, abriendo así una investigación para esclarecer un supuesto delito de usurpación de estado civil y falsificación documental.
Con la bautizada como operación 'Quackers' se ha determinado que Estas irregularidades servían para amparar el registro sanitario y el transporte de piezas de caza menor desde diversas fincas de las provincias reseñadas hasta la sala de tratamiento.
Durante la investigación se recogió diversa documentación en la sala de tratamiento al objeto de poder comprobar la veracidad de lo denunciado por la víctima. Se comprobó que los tres investigados usurpaban la identidad de la víctima la cual poseía la formación adecuada para dar legalidad al transporte de las piezas de caza abatidas, certificando la seguridad alimentaria de las mismas.
Las declaraciones de los testigos evidenciaron que no se trataba de hechos aislados, sino de una práctica habitual en estas instalaciones. El objetivo era obtener un blindaje legal para la primera inspección sanitaria y el transporte de las piezas de caza menor hacia el recinto, donde posteriormente eran procesadas y puestas a la venta al consumidor.
Según se ha indicado desde la Guardia Civil, con todo esto, no solo se incurría en delitos de usurpación de estado civil y falsificación documental, sino que se comprometía la seguridad alimentaria de la carne destinada al consumo humano, al impedir la detección de patologías antes de su comercialización, lo que supone un riesgo para la salud pública.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil ya han sido entregadas en los en el Tribunal de Instancia de La Carolina (Jaén).
