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La Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, encabezada por el también vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha nombrado a los delegados territoriales de Granada, Cádiz y Córdoba «como suplentes» al frente de las delegaciones en Almería, Huelva y Sevilla, respectivamente, «hasta el nombramiento de una nueva persona titular».
Según recoge el documento publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), «en caso de vacante, las competencias propias de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía serán ejercidas por la persona titular de la Delegación del Gobierno o de la Delegación Territorial que designe la Consejería».
De esta forma, el delegado territorial de Granada, José Manuel López Suárez, se convierte de forma provisional en el responsable provincial en Almería. Su homóloga en Cádiz, María Jesús Herencia Montaño, asumen el puesto en Huelva, mientras que el delegado en Córdoba, Alejandro Hernández, asume el cargo en Sevilla.
Junto a la figura del delegado territorial, la Consejería será la única de la Junta que cuente con dos secretarías en cada una de las provincias, elevando el número de altos cargos provinciales a 24 personas.
Un número que se suma a los otros once altos cargos de las estructura del organismo compuesto por un viceconsejero, cuatro secretarías generales, una secretaría general técnica y cinco direcciones generales.
Las cinco secretarías generales son de Turismo, de Justicia, de Desregulación y de Administración Local, mientras que las cinco direcciones generales son de Ordenación del Turismo y la Hostelería; de Promoción e Impulso del Turismo y la Restauración; de Infraestructuras Judiciales y Recursos Humanos; de Atención Judicial y Víctimas, y de Simplificación y Eficacia Administrativa.
El catedrático de Historia Rafael Sánchez Saus, quien fue rector de la CEU San Pablo, ha sido nombrado viceconsejero. Mientras que Juan Antonio Aguado Peñas, ha asumido la secretaría general de Desregulación; Benito Gálvez Rabadán, la de Infraestructuras Judiciales y Recursos Humanos; y Ana María de Silva Molina, como directora general de Atención Judicial y Víctimas.
