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La candidatura de Frente Amplio Andaluz para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre ha iniciado la campaña electoral en la que va a centrar sus propuestas en defender salarios justos, servicios públicos dignos y el acceso a la vivienda en una provincia «muy olvidada y muy aislada» a la que quieren defender en Madrid y darle un impulso.
El candidato al Congreso en Almería de Frente Amplio, Zacarías Lekal, ha iniciado el periodo electoral acompañado por miembros de la candidatura en la Plaza Circular; lugar que acogió el movimiento de los acampados que en las últimas semanas han protagonizado las protestas por la vivienda en la capital almeriense.
«Queremos luchar por lo público, queremos que el dinero público no vaya a las privadas y queremos una vivienda accesible para todos», ha trasladado el candidato en una nota, en la que ha apuntado las movilizaciones del pasado 11N como muestra de que la juventud «está dispuesta a pelear por su futuro».
Así, ha asegurado que las manifestaciones derivadas de la huelga general han supuesto un motor para la candidatura. «Esa gente joven de la que decían que no se movilizaba, al final se movilizó, y vimos cómo salió a la calle a luchar por sus derechos», ha apuntado antes de asegurar que le «emocionó» y «motivó» para «seguir trabajando» de cara a conformar un opción política «que va a luchar por sus intereses».
«Llevamos años de gobiernos de la derecha en los que Almería ha generado un montón de riqueza que no se ve reflejada en la vida de los almerienses», ha lamentado Lekal, quien confía en poder hacer «grandes cosas» desde Frente Amplio a la hora de «luchar por los derechos de todos los almerienses».
La coalición concurre al 29N con propuestas centradas en sanidad, para acabar con los conciertos con entidades con ánimo de lucro y blindar por ley un gasto sanitario público mínimo del ocho por ciento del PIB.
Asimismo, también pretende fijar por ley que el salario mínimo «no baje nunca del 60 por ciento del salario medio» mientras que, en materia de vivienda, propone una ley para «expropiar las viviendas de los grandes propietarios corporativos, que afectaría a 39 grandes tenedores y fondos que acumulan casi 180.000 viviendas».
