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La Fiscalía Provincial de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por la Asociación Amama por la «supuesta desaparición» de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) «al confirmar la integridad de los datos». La Sección de Criminalidad Informática ha descartado la comisión de delitos de descubrimiento de secretos o daños informáticos tras una «auditoría técnica». Los «fallos» en la visualización de pruebas en ClicSalud+ se debieron «a una saturación de los servidores por exceso de demanda, sin que se produjera borrado ni alteración de los historiales clínicos», tal como sostuvo la Junta de Andalucía.
En una nota de prensa, la Fiscalía explica que la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Sevilla ha decretado el archivo de las diligencias de investigación abiertas tras las denuncias presentadas por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama Sevilla) y la Asociación El Defensor del Paciente. La investigación, iniciada el pasado mes de octubre, tenía por objeto esclarecer si los fallos en el acceso a pruebas diagnósticas (mamografías y ecografías) a través de la aplicación ClicSalud+ y el sistema Diraya respondían a «un borrado intencionado o a un acceso ilícito» a las bases de datos del SAS.
Tras «analizar los informes técnicos» del SAS y las «pesquisas» de la Unidad de Policía Judicial, el Decreto de fecha 26 de noviembre de 2025 concluye que no hubo «ni saturación del sistema, ni manipulación interna ni sabotaje externo». La caída del servicio de visualización experimentada en octubre fue «provocada por una avalancha de peticiones» que saturó el módulo de ‘Visor para la ciudadanía’. «Se ha determinado que este incidente tuvo un impacto exclusivamente operativo en la visualización externa, sin afectar a la integridad, autenticidad o trazabilidad de los registros clínicos alojados en los servidores centrales», subraya la Fiscalía.
Las auditorías realizadas sobre los historiales de las pacientes denunciantes confirman que «no se han producido modificaciones, supresiones ni accesos no autorizados en sus expedientes médicos». Los registros de seguridad «demuestran» que la información se mantiene «íntegra y coincidente con los protocolos asistenciales».
Respecto a la denuncia específica de una paciente sobre la «supuesta eliminación» de un informe de mamografía y la anulación de una ecografía, «la investigación técnica ha descartado cualquier manipulación». Los cambios en la programación de pruebas obedecieron a «criterios de gestión clínica y no a una intervención externa o malintencionada», subraya el órgano judicial.
Al «no apreciarse indicios» de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 y 198 CP) ni de daños informáticos (art. 264 CP), el fiscal delegado de Criminalidad Informática ha acordado el archivo de las actuaciones. La Fiscalía ha recordado, no obstante, que «este archivo se ciñe exclusivamente a los delitos objeto de denuncia y no impide que las personas interesadas puedan plantear sus discrepancias sobre retrasos o reprogramación de pruebas o sobre los criterios médicos aplicados ante la jurisdicción competente o por los canales administrativos habilitados».
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