La Fiscalía ha retirado este lunes su petición de cinco años de cárcel por delitos de fraude en la contratación y malversación de caudales públicos para el exalcalde de Otura (Granada) Ignacio Fernández-Sanz (PP) por la gestión del contrato de recogida de residuos y de limpieza viaria del municipio por el que ha sido juzgado.
El Ministerio Fiscal sí ha mantenido la acusación contra él por un delito continuado de prevaricación por el que ha solicitado que sea condenado a 15 años de inhabilitación, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Fernández-Sanz ha sido juzgado en la Audiencia de Granada junto a otros cuatro antiguos concejales del Ayuntamiento por la gestión de este contrato de basuras aprobado en 2008 con informes contrarios de los técnicos y rescindido dos años después para rescatar el servicio, algo que a juicio de la Fiscalía se hizo «con ausencia de procedimiento».
Durante su declaración, Fernández-Sanz ha explicado que la adjudicación se hizo para solventar un problema histórico que había con la limpieza en el municipio, pero la «difícil» situación de las arcas municipales impidió al Ayuntamiento hacer frente a los pagos con la empresa concesionaria. Se acumuló una deuda cercana a los 2,5 millones de euros y la prestataria del servicio dejó de pagar a sus empleados.
La huelga indefinida de la plantilla propició que se acumularan toneladas de basura en las calles durante esas semanas, según su relato, y negoció con la empresa para rescindir el contrato y afrontar las deudas en un plazo de cinco años.
La rescisión del contrato se formalizó en un pleno extraordinario convocado «de manera urgente» en 2010 y Fernández-Sanz reconoce que no solicitó informes previos a la Secretaría ni a la Intervención porque su prioridad era resolver «esta crisis» y «no dio tiempo» a incorporar esos documentos.
Agregó que las relaciones con el secretario en aquella época «no eran buenas» y dudaba de que fuera a presentar a tiempo los referidos informes, por lo que no esperó. «Fue por una causa mayor, había una emergencia sanitaria», ha expuesto ante el tribunal.
Fernández-Sanz ha negado beneficio alguno al contratista en todo este proceso, pues el municipio se quedó con los más de 250 contenedores adquiridos por la concesionaria y las facturas se pagaron a través del plan de pago a proveedores.
La Fiscalía también acusa al exalcalde y al resto de ediles investigados de aprobar dos años antes en pleno la adjudicación de este contrato pese a la opinión desfavorable de dos secretarios y dos interventores municipales. Los informes apuntaban a la «falta de consignación presupuestaria» y la ausencia de «estudio económico que justificara el coste de la ejecución del servicio».
Fernández-Sanz ha matizado que las valoraciones y los pliegos fueron realizadas por los técnicos municipales, que el contrato contaba con una cláusula que condicionaba la entrada en vigor del servicio a la aprobación de los presupuestos y que en esa época la ley aún no exigía un estudio económico como tal.
En la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, la Fiscalía sólo ha mantenido el delito de prevaricación también para los otros cuatro concejales, para los que pide penas de entre 9 y 12 años de inhabilitación.
La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Otura, ha mantenido para todos ellos la petición de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación.
Las defensas de los acusados han pedido la libre absolución, por entender que no se produjeron resoluciones arbitrarias que perjudicaran al Ayuntamiento y que, en todo el delito, de prevaricación estaría prescrito.
