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Las familias de los dos andaluces detenidos y encarcelados desde enero de 2025 en Guinea Ecuatorial han convocado una concentración y corte de tráfico pacífico que tendrá lugar este próximo sábado, 10 de octubre, frente a la Subdelegación del Gobierno en Granada. Con la acción pretenden criticar el «abandono» del Ejecutivo a este caso del que lamentan que próximamente habrá un juicio «sin pruebas».
Así lo ha dado a conocer la Asociación de Ayuda Javier y David - Derechos Humanos que señala que la concentración tiene como objetivo «visibilizar la situación de extrema gravedad y riesgo vital» que sufren David Rodríguez Ballesta (natural de Granada) y Javier Marañón Montero (cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo), «detenidos arbitrariamente» en la prisión de Black Beach (Malabo) desde hace más de 20 meses.
La asociación que apoya a estos andaluces expone que ambos son empleados privados del sector de las telecomunicaciones y asegura «que han sido utilizados como rehenes humanos en un conflicto económico ajeno a ellos». Ambos detenidos están vinculados a una empresa que fue contratada para el despliegue de la Televisión Territorial Terrestre (TDT) en el referido país africano.
La asociación convocante de la movilización asegura que una de las principales razones que les lleva a esta protesta es un «juicio inminente sin pruebas». Al respecto, detallan que el sumario tramitado en Malabo «carece por completo de pruebas de cargo o evidencias contra los dos españoles, pretendiendo juzgarlos por un delito (enriquecimiento ilícito) reservado por la propia ley ecuatoguineana a funcionarios públicos».
En segundo lugar, las familias, critican «inacción del Gobierno de España y negociaciones fallidas». En este punto, denuncian que denuncian que el Ministerio de Asuntos Exteriores «se ha limitado a respuestas de trámite y asistencia consular ineficaz, eludiendo la activación de presiones políticas directas o coordinación con el Parlamento Europeo». Y añaden que «las negociaciones por el dinero que piden para su rescate no avanzan».
Las familias inciden especialmente en el «riesgo vital e insalubridad» que sufren Javier y David: «Los dos españoles padecen patologías crónicas sin atención hospitalaria, sobreviven sin agua potable ni comida salubre provista por el penal y han triplicado el límite legal máximo de prisión preventiva fijado por la ley».
Y, además, aseguran que les han sido prohibidas en numerosas ocasiones la visita de sus abogados «y no permiten siquiera la entrada de un médico que valore sus enfermedades y dolencias».
