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La candidata del PSOE de Almería al Congreso de los Diputados, Inés Plaza, ha criticado que la Junta de Andalucía haya situado bajo responsabilidad de Vox servicios relacionados con la atención a las víctimas de violencia machista y «haya abierto la puerta a revisar políticas de igualdad».
Asimismo, ha advertido del «retroceso» que, a su juicio, representan PP y Vox para los derechos de las mujeres de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Así lo ha manifestado durante un encuentro con mujeres celebrado en Níjar, en el que también ha participado la secretaria general del PSOE nijareño, Esperanza Pérez, y ha reclamado más recursos y servicios públicos para garantizar estos derechos.
Plaza ha cuestionado las dificultades para acceder al aborto en la sanidad pública andaluza y las demoras en dependencia, que afectan especialmente a las mujeres que asumen los cuidados familiares.
Frente a esta situación, la candidata socialista ha reivindicado las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, como la reforma de la ley del aborto, que ha reforzado los derechos sexuales y reproductivos, la Ley de Libertad Sexual, que ha situado el consentimiento en el centro de la legislación, y la Ley de Paridad.
Además, ha destacado los avances en conciliación, corresponsabilidad e igualdad laboral, así como la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que amplía la protección frente a la violencia económica, digital y vicaria y al que Vox votó en contra.
Plaza ha recordado la oposición de PP y Vox a la propuesta de reforzar la protección constitucional del derecho al aborto. En este sentido, ha señalado que la decisión «estará entre retroceder varias décadas o seguir avanzando en derechos».
Por otra parte, ha expresado el respaldo del PSOE a la manifestación convocada por Marea Violeta Andalucía para el próximo 8 de noviembre en Sevilla, bajo el lema 'Contra el negacionismo, derechos y políticas públicas feministas'.
La candidata socialista ha defendido la necesidad de mantener la movilización social para exigir políticas públicas de igualdad y protección frente a la violencia machista.
Así, ha insistido en que «la igualdad real exige financiación, profesionales y servicios públicos que garanticen los derechos de todas las mujeres, con independencia de sus ingresos o del lugar donde vivan».
