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El presidente de la CEA tacha de «política» la huelga general por la vivienda y cuestiona su «encaje jurídico»

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Lo esencial

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía ha calificado la huelga general convocada por los sindicatos CCOO y UGT como una huelga política.

Por qué importa

Importa porque la patronal andaluza cuestiona la legalidad de la huelga y sugiere que podría no estar bien encajada en el marco jurídico vigente.

Qué ocurrió

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha criticado la huelga general convocada por los sindicatos CCOO y UGT, asegurando que es más política que laboral. Según González de Lara, la huelga no se ajusta bien al marco jurídico vigente, que reconoce las huelgas generales solo para garantizar derechos laborales.

Entre líneas

La patronal andaluza, al igual que CEOE y Cepyme, mantiene una postura común contra la huelga general convocada por los sindicatos. Esto sugiere una posible confrontación entre los intereses empresariales y los sindicales en el futuro cercano.

La clave

El presidente de la CEA espera que en la próxima legislatura haya un mayor respeto al diálogo social, tras años de monólogo social según su opinión.

Artículo completo

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha considerado este martes que la huelga general que los sindicatos CCOO y UGT anunciaban este pasado lunes que van a convocar este otoño con el acceso a la vivienda y los salarios dignos como principales reivindicaciones es «una huelga política», y ha cuestionado su «encaje jurídico».

Así se ha pronunciado el dirigente de la patronal andaluza en una entrevista en Canal Sur Radio, seguida por Europa Press, en la que González de Lara ha confirmado que la CEA mantiene en relación a dicha convocatoria de huelga general un posicionamiento «común» con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.

Dicho esto, ha apuntado que, desde el «respeto a las decisiones que puedan adoptar las centrales sindicales», lo primero que habrá que hacer ante dicha convocatoria es «comprobar y verificarse, por la instancia oportuna, el encaje jurídico que puede tener una convocatoria de huelga general cuando tiene un componente más político que laboral».

En esa línea, el presidente de la CEA ha subrayado que «las huelgas generales están reconocidas en el marco jurídico vigente en base a una serie de pretensiones para garantizar los derechos de los trabajadores o las condiciones laborales», y en este caso «se tendrá que buscar ese encaje».

«Nosotros entendemos que puede ser legítima la aspiración, pero no vemos que sea una huelga general, es una huelga política», ha manifestado González de Lara para apostillar a continuación que «antes de tomar ese tipo de decisiones hay que ver si el encaje es el correcto».

Por otro lado, a la pregunta de «qué espera del diálogo social en la próxima legislatura» que se inicie tras las elecciones generales del 29 de noviembre, el presidente de la CEA ha respondido que espera que «haya un mayor respeto al diálogo social» tras «unos años tremendos de monólogo social» como los que, en su opinión, se han vivido.

Así, ha opinado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, «se ha dedicado a destruir la principal infraestructura de un país, que es el propio diálogo social, que construye algo que ahora nos preocupa, que es esa paz social cuando se auguran otoños calientes y movilizaciones en las calles».

«A eso es a lo que nos dedicamos, entre otras cosas, las organizaciones empresariales y sindicales», a «gestionar los conflictos y la negociación colectiva y el mundo de las relaciones laborales», ha añadido el presidente de la CEA, que ha acusado a la ministra de Trabajo y referente de Sumar a haberse «dedicado a su promoción personal, a no escuchar ni a las empresas ni a los trabajadores», y a «sustituir a los propios sindicatos».

González de Lara también ha afeado a la ministra de Trabajo que se haya dedicado, a su juicio, a adoptar «decisiones unilaterales», a promover un «monólogo social», y a «creer que a través del real decreto se puede regular el mundo de las reacciones laborales», cuando la propia Constitución recoge —según ha agregado—, que «la negociación colectiva y la autonomía de las partes está por encima de decisiones políticas que en muchas ocasiones son invasivas».

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