La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos (Málaga) número 4 ha acordado llevar a cabo los trámites para buscar y detener al supuesto promotor de la fiesta anunciada en enero de 2025 en dicha localidad y en la que se negaba el acceso a homosexuales; toda vez que es necesario practicar una serie de diligencias personales y este «se encuentra en ignorado paradero».
Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, quienes, en función de una resolución dictada por dicho juzgado, han explicado que se ha ordenado a la Policía Nacional la detención del procesado y se ha procedido a llamarle por requisitorias para que comparezca ante el tribunal para practicar diligencias de notificación y requerimiento en esta causa.
La Fiscalía de Málaga ya formuló acusación contra este hombre al considerar que se trata de un delito de odio, tras publicitar el «reglamento» de la fiesta precisando «no peleas, drogas, chanclas, maricones». Unos «mensajes homófobos», con los que atentó a la dignidad por motivos discriminatorios por orientación sexual, sostiene el fiscal, que solicita inicialmente dos años de prisión.
Según han señalado las fuentes, es obligatorio que los acusados estén a disposición de los juzgados que llevan las causas, obligación que «no ha cumplido en este caso»; por lo que se han iniciado los trámites para su localización y detención, además de acordarse expedir requisitorias a la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, antes de que sea declarado rebelde.
La Fiscalía de Delitos de Odio y Contra la Discriminación de Málaga también acusa a este hombre por otro delito de injurias a la autoridad en el ejercicio de sus funciones por sus manifestaciones contra la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, quien denunció los hechos.
El fiscal relata en sus conclusiones iniciales, consultadas por Europa Press, que a través de redes sociales se publicitó esta fiesta con un anuncio en el que como «reglamento» se especificaba: «no peleas, drogas, chanclas, maricones», incluyendo un número de contacto que según las investigaciones es del acusado. El anuncio desapareció de la cuenta, que sí se mantiene con 267 seguidores.
Para la acusación pública, los términos empleados por el acusado en la convocatoria del evento, «rechazando la admisión generalizada de personas homosexuales» y con una equiparación de la homosexualidad con peleas o el uso de drogas, supusieron «una grave humillación que menoscabó la dignidad» de personas pertenecientes al colectivo LGTBI, lo que motivó la personación en esta causa de numerosas asociaciones.
Según el fiscal, el promotor, de nacionalidad marroquí, «era consciente» de que su mensaje se incorporaba a las redes sociales con lo que «carecía desde ese momento de control sobre su difusión», ya que se podría «multiplicar su impacto» mediante la sucesiva transmisión, con lo que se «incrementaba exponencialmente la humillación del colectivo de víctimas de sus ataques, como sucedió».
Asimismo, el escrito provisional señaló que la alcaldesa, ante «la naturaleza claramente discriminatoria» del supuesto reglamento de la fiesta, realizó una publicación también en redes sociales de repulsa, rechazando toda conducta homófoba y expresando su intención de hacer todo lo posible para que no se realizara dicho evento o cualquier actividad similar.
Esto tuvo como respuesta por parte del acusado un mensaje privado en el que insultaba a la regidora y señalaba que se iba a trasladar el evento a Málaga. Finalmente, la fiesta no se celebró por la «firme oposición del Ayuntamiento de Torremolinos y la amplia reacción de repulsa en la opinión pública».
Para el fiscal, se trata de un delito de odio en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios por orientación sexual, otro de injurias a la autoridad en el ejercicio de sus funciones y un tercero de denegación de prestación en grado de tentativa.
Por estos, solicita para el acusado que está en situación administrativa irregular en España, además de los dos años de cárcel, la inhabilitación para promover espectáculos por el mismo tiempo, multa de 19 meses con cuota de diez años diarios e inhabilitación especial para industria o comercio y para profesión u oficio educativos por periodo de cinco años y nueve meses.
