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La reunión del Grupo de Trabajo Estable sobre el Alga Invasora, liderado por la Diputación de Cádiz, ha insistido en que es necesaria la implicación de «las administraciones superiores», tras mantener un encuentro representantes de la Diputación, encabezados por el vicepresidente segundo y diputado de Transición Ecológica, Javier Vidal, y los ayuntamientos miembros de este foro para hacer balance de la afectación del alga invasora durante la temporada estival y proponer acciones concretas.
Un verano más, la llegada masiva de alga asiática invasora, Rugulopteryx okamurae, a las playas de la provincia de Cádiz ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para los ayuntamientos del litoral gaditano, que han tenido que hacer frente, además, al gasto que les supone la retirada de los arribazones, han apuntado.
Por su parte, Diputación, en una nota, ha recordado que en los últimos cinco años, a través del Área de Transición Ecológica, ha facilitado a los municipios afectados 1,8 millones de euros en subvenciones para ayudarles a sufragar esos gastos. Aun sin tener competencias directas en la materia, la administración provincial es «la única» que está apoyando a los ayuntamientos para afrontar una «invasión» que afecta al medioambiente, a los sectores pesquero y turístico, y a la gestión de los servicios de limpieza y playas municipales, ha apuntado.
«Queremos escuchar a los municipios para saber cómo han afrontado el verano en cuanto a la llegada y gestión de arribazones, pero también queremos dar el paso de solicitar formalmente a las administraciones superiores la movilización de recursos económicos para hacer frente a esta invasión», ha explicado Vidal tras el encuentro del Grupo de Trabajo.
Desde el año 2019, el primero en el que el alga invasora comenzó a generar problemas en zonas concretas del Estrecho de Gibraltar, su distribución por las playas y los ecosistemas marinos de la provincia de Cádiz no ha hecho más que crecer. En esa fecha sólo Algeciras, La Línea y Tarifa estaban afectadas, mientras que ahora el problema alcanza el frente litoral de Rota y comienza a colonizar los fondos de la Costa Noroeste de la provincia, han señalado.
En este sentido, han indicado que de hecho, con la retirada de 10.000 toneladas de alga invasora en lo que va de año, Rota ha registrado la cifra más alta de las ofrecidas por los ayuntamientos a la Diputación durante la reunión del Grupo Motor. Le siguen Tarifa con 3.000 toneladas, Cádiz con 1.379 toneladas y La Línea, con 550 toneladas de este material. A las playas de Algeciras, Chiclana y Conil han arribado 300, 250 y 40 toneladas de algas.
La regulación actual indica que son los ayuntamientos los que deben encargarse de retirar este material de sus playas. Sin embargo, responsables de los municipios asistentes al encuentro convocado por la Diputación han compartido las serias dificultades que tienen para hacer frente a esta situación, ya que deben realizar contrataciones extraordinarias, alquilar más maquinaria y, en definitiva, invertir más recursos económicos para no poner en riesgo la calidad turística y ambiental de uno de sus principales atractivos en los meses de verano.
Por ello, el Grupo de Trabajo ha acordado elevar una solicitud formal al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la que se pide mayor implicación económica con este problema que, por la dimensión que ha adquirido, se escapa del ámbito competencial y de las posibilidades presupuestarias de los ayuntamientos. Cabe recordar que el Pleno de la Corporación del mes de julio aprobó una propuesta en estos términos.
La petición incluirá la solicitud de añadir a la Diputación de Cádiz, en representación de los municipios afectados, en el Grupo de Trabajo específico para Rugulopteryx okamurae existente a nivel nacional, a fin de defender las necesidades del territorio gaditano.
Finalmente, durante la reunión entre la Diputación y los municipios afectados por el alga invasora han acordado buscar soluciones viables técnica y económicamente para aprovechar esta materia orgánica, en línea con los objetivos de la economía circular, y también con el objetivo de que los municipios puedan compensar los costes que conlleva su retirada.
