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El final del juicio de la última pieza del 'caso Marchelo', la vinculada a presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhendín (Granada), ha sido aplazada al próximo 26 de octubre por ausencia de dos peritos de la Junta, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.
La suspensión de esta última sesión, en la que también estaba previsto que las partes expusieran sus informes finales, se ha producido a petición de la Fiscalía, que considera una prueba importante la declaración de estos dos técnicos de Ordenación del Territorio de la Junta en relación al encaje legal que la gasolinera pudo tener en los terrenos donde se edificó.
La acusación particular, ejercida por el empresario presuntamente perjudicado por esta estación de servicio, se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal para que el testimonio de los peritos —cuyos informes contrarios a la gasolinera constan en la causa— sea escuchado en Sala de manera pormenorizada. Las defensas también han propuesto sus propios peritos.
Este pasado miércoles declaró como testigo el empresario que ejerce la acusación particular, el cual se ratificó en los «perjuicios» que a su juicio le ha provocado esta gasolinera instalada frente a la suya de manera «ilícita» en lo que calificó de "competencia desleal. De hecho, reclama que los acusados le indemnicen por las ganancias que ha dejado de percibir.
Durante la sesión declararon diversos peritos y también los agentes vinculados a las intervenciones telefónicas realizadas en 2006 al exconcejal de Urbanismo, Manuel Fernández; cuya defensa las considera ilegales y ha pedido su nulidad.
Esta pieza gira sienta en el banquillo de los acusados al citado concejal de Urbanismo en el momento de los hechos; otros dos concejales que formaban parte de la comisión de gobierno, un arquitecto municipal y los dos empresarios a los que se concedió la licencia para la gasolinera.
La Fiscalía les acusa de delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación administrativa por unos hechos que se remontan a 2002, cuando el entonces alcalde, José Guerrero (PP), presuntamente negoció la venta de una finca de su propiedad para la construcción y explotación en ella de una estación de servicio.
El Ministerio Fiscal solicita 18 meses de prisión para los tres exconcejales implicados y para el técnico municipal; y 21 meses de prisión para el empresario. La causa ha sido archivada provisionalmente para el exalcalde nonagenario por motivos de salud. El juicio continuará el próximo 26 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
