El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva ha desestimado íntegramente la reclamación presentada por la entidad Riaumbría Towers S.L., que solicitaba al Ayuntamiento de Punta Umbría una indemnización de hasta 11,5 millones de euros en concepto de «lucro cesante», es decir, las ganancias que la empresa estima que dejó de percibir por la anulación del proyecto urbanístico en las parcelas de los antiguos depósitos, en la avenida Ciudad de Huelva, conocido como las dos torres.
La resolución judicial, fechada el 28 de abril de 2026, confirma la legalidad del acuerdo adoptado por el Pleno municipal el 24 de noviembre de 2021, por el que se rechazaba dicha reclamación económica.
El fallo concluye que «no procede el reconocimiento de lucro cesante en este caso», al tratarse de un contrato cuya adjudicación fue declarada nula. Según recoge la sentencia, esta nulidad impide generar derechos económicos vinculados a beneficios futuros, ya que la adjudicación «no era válida» y, por tanto, «no podía producir efectos jurídicos». En este sentido, el juzgado considera que las pretensiones de la empresa «no tienen amparo legal» ni responden a «un perjuicio real» indemnizable en los términos planteados.
Asimismo, la resolución aclara que, en su caso, las posibles compensaciones se limitarían a los gastos efectivamente acreditados, cuestión que se está dirimiendo en otro procedimiento judicial distinto.
El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha valorado «muy positivamente» esta sentencia, subrayando que «es una magnífica noticia para el Ayuntamiento y para todos los vecinos, porque evita que las arcas municipales tengan que hacer frente a una indemnización millonaria absolutamente injustificada» y añade que «esta mala actuación del anterior equipo de Gobierno Socialista ha podido ser la ruina para este Ayuntamiento».
El primer edil ha destacado además que «la justicia respalda la actuación municipal y confirma que no se puede exigir un beneficio económico sobre un proyecto que nunca llegó a consolidarse jurídicamente». En este sentido, ha añadido que «este fallo aporta seguridad jurídica y refuerza la defensa del interés general que siempre ha guiado la actuación de este equipo de Gobierno en este asunto».
Hernández Cansino reitera asimismo su compromiso «con la gestión responsable de los recursos públicos y con la defensa de los intereses de la ciudadanía», destacando la importancia de esta resolución «en términos de estabilidad económica para Punta Umbría».
Finalmente, concluye el regidor municipal que esta adjudicación «ya costó dos millones de euros al Ayuntamiento sin haber puesto la empresa ni un ladrillo y dejando el problema de la gran escombrera». La sentencia no impone costas a ninguna de las partes y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
