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La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos varones por un delito de tráfico de drogas después de que se coordinaran para recibir un envío con casi un kilo de cocaína procedente de Colombia oculto en un paquete que transportaba herrajes para caballos.
El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso, impone a cada uno de ellos cuatro años de prisión por un delito contra la salud pública consumado así como una multa de 20.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión de caso de impago o insolvencia.
Los acusados, naturales de Colombia, se pusieron de acuerdo para introducir en España un paquete postal procedente de su país con cocaína, si bien el bulto fue detectado el 20 de junio del pasado año por agentes de la Unidad Policial de Vigilancia Aduanera de la Guardia Civil del Aeropuerto de El Prat de Llobregat de Barcelona.
El paquete que viajba en una caja de cartón, a nombre de una tercera persona en paradero desconocido, fue sometido a un análisis ante las sospechas de que pudiera contener sustancias ilegales.
Así, en su interior se localizaron unos herrajes para caballos que ocultaban una «sustancia blanquecina» que, una vez analizada mediante un reactivo, reveló que se trataba de cocaína. El análisis posterior bajo autorización judicial determinó que el envío contenida 904,56 gramos de cocaína, con una pureza del 42,34 por ciento y un valor en el mercado ilícito de 15.104,84 euros.
Las autoridades permitieron la entrega controlada del envío, sentido en que desde la empresa de paquetería, primero, y desde Correos, después, se contactó con los acusados para que facilitaran los datos que faltaban para poder remitir el paquete que, finalmente, fue recogido por los mismos en una oficina.
Así, la Guardia Civil montó un dispositivo en torno a la sede de Correos de Viator al que accedió uno de los acusados mientras que el otro le esperaba a borde del coche «hablando por teléfono y realizando labores de vigilancia» en coordinación con su compinche, las cuales se vieron frustradas por la intervención policial.
El tribunal desestimó las alegaciones de las defensas sobre supuestas vulneraciones constitucionales y quiebras en la cadena de custodia de las pruebas, al considerar que la selección y revisión del paquete obedeció a las sospechas que levantó las características del envío y que la trazabilidad de la droga, una vez descubierta, quedó acreditada mediante su pesaje, actas, reportajes e informes.
