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La Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar (Almería) ha condenado al propietario de una vivienda adquirida en una subasta por embargo por haber coaccionado a una mujer de 88 años —anterior dueña del inmueble— cortándole el suministro de luz y agua para forzar su salida en pleno mes de agosto sin que se hubiera decretado aún el lanzamiento judicial.
La víctima del acoso, una mujer de 88 años de edad, venía cumpliendo puntualmente con el pago de ambos servicios y vivía aún en la casa a la espera de que se acordara el lanzamiento judicial del embargo, si bien el nuevo propietario intentó apremiarla dando de baja los suministros.
La sentencia, dictada en firme, llega tras el reconocimiento de hechos y conformidad prestada por el acusado, V.M.P.G., quien admitió la comisión del delito y aceptó 14 meses de multa a razón de una cuota diaria de siete euros, lo que suma un total de 2.940 euros, además del pago de las costas del proceso judicial, según ha informado el TSJA.
La actuación del propietario del inmueble llevó hace pocas semanas al titular de la plaza número 5 de Roquetas, Claudio García Vidales, a advertir contra las coacciones que estaban llevando a cabo algunos propietarios sobre inquilinos que se encontraban en procesos de embargos, lanzamientos o impagos circunstanciales a los que confundían con 'okupas' ilegales.
El juez subrayaba que esta actuación era fruto de un «error de interpretación» de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que sí facilitaba estas actuaciones coercitivas en el caso de ocupaciones ilegales de viviendas. La resolución distinguía, no obstante, entre el inquilino que no podía pagar el alquiler por circunstancias puntuales, al que no está permitido coaccionar, del okupa.
El caso ocurrido en Roquetas de Mar afectó a una anciana de 88 años, I.R.L.L., que fue embargada de su vivienda particular al no poder afrontar el pago de la hipoteca que llevaba abonando durante 25 años.
La vivienda fue subastada y adquirida por un nuevo propietario que, sin esperar al término del proceso judicial del lanzamiento y ejecución del embargo, consiguió que las compañías de luz y agua interrumpieran el servicio para forzar su salida en pleno mes de agosto.
Hasta entonces, la mujer, que vivía sola en la casa, venía cumpliendo con los pagos tanto de agua como de electricidad. Por orden judicial, le fueron restituidos los dos servicios.
