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La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un hombre a cuatro años de prisión por amenazar mediante decenas de vídeos en la red social TikTok a jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil así como intimidar por la misma vía a la mujer que lo denunció ante un episodio de violencia de género, lo que desembocó en una condena de año y medio de prisión además de otras medidas preventivas.
El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, le impone dos años de prisión por un delito de amenazas no condicionales y dos años más de cárcel por un delito de obstrucción a la justicia a raíz de la campaña de represalias e intimidación contra la denunciante, a la que dirigió graves expresiones entre insultos y amenazas en varios de sus vídeos.
Además, la Sección Tercera también lo condena por un delito continuado de injurias y otro de quebrantamiento de condena a un total de 38 meses de multa a razón de seis euros diarios.
Junto a ello, le impone distintas órdenes de alejamiento e incomunicación con respecto a la víctima así como con respecto a tres jueces, una fiscal y dos agentes de la Guardia Civil. También prohíbe al acusado publicar sobre todos ellos en redes sociales durante siete años al tiempo que fija en 30.000 euros en total las indemnizaciones a pagarles.
La sentencia señala que tras su salida de prisión el 17 de octubre de 2024 y hasta que volvió a ser detenido el 7 marzo del año siguiente, el acusado se sirvió de la red social TikTok para publicar 118 vídeos en los vertía amenazas, injurias y calumnias dirigidas contra jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil, así como contra una mujer identificada como víctima en un procedimiento de violencia de género.
El acusado publicaba estos vídeos en los que amenazaba con represalias contra aquellas autoridades que habían participado del proceso que le llevó a prisión y posteriormente a estar en libertad con medidas de alejamiento con respecto a la denunciante, a través de una pulsera de control telemático que mostraba en una de las emisiones.
Aunque durante el juicio el acusado rechazó conocer el perfil desde el que se publicaron los vídeos, el tribunal tuvo en cuenta su declaración en fase de instrucción donde admitió que los había grabado y difundido por «frustración» tras haber pasado 20 meses en prisión provisional, de modo que durante toda la fase de instrucción nunca negó ser el autor de los mismos.
Del mismo modo, los miembros del tribunal pudieron visualizar en sala cada uno de los clips publicados para constatar las expresiones exactas que el acusado dirigía a los operadores jurídicos y la víctima. Asimismo, y pese a los intentos de la defensa, rechazaron que los vídeos, obtenidos de la propia red social como fuente abierta, pudieran estar manipulados puesto que no se aportó ninguna prueba técnica al respecto.
Así, en sus vídeos hacía alusiones directas no solo a la denunciante sino también a jueces de instrucción, una fiscal y agentes de la Guardia Civil a quienes identifica por sus nombres y a los que tacha de «podridos corruptos», además de insultarles, toda vez que acusaba a varios de los magistrados de «prevaricar» y ser unos «corruptos» para desprestigiarlos.
Si bien el tribunal reconoció los graves insultos dirigidos a los operadores jurídicos y los castiga por el delito de injurias, sentido en el que le absuelve de un delito de calumnias al no ver lo suficiente desarrolladas sus acusaciones con respecto a los jueces y fiscales, dado que no describía una conducta delictiva concreta o individualizada.
Las amenazas del acusado fueron incrementando conforme a la publicación de los vídeos hasta que en uno de ellos, emitido el 8 de enero de 2025, llegó a asegurar que había «perdido el miedo a la cárcel» y que si «ahora mismo se lleva a alguien por delante sería un juez», ya que lo estaba «deseando» puesto que así «entraría como un héroe en la cárcel».
El acusado mostró especial inquina en sus vídeos contra una juez de instrucción, de la que colgó una difamadora reseña en Google que permaneció publicada dos meses, y contra una fiscal.
A ambas las vituperó duramente al tiempo que las acusaba de haberlo metido «20 meses en la cárcel por una denuncia falsa», si bien sus insultos se dirigieron contra varios magistrados a los que llamó «jueces de mierda». A todos ellos los identificaba por su nombre y la plaza en la que servían en ese momento.
El tribunal también absuelve al acusado de un delito de atentado contra la autoridad, al no estimar las amenazas como el inicio de ejecución de un ataque contra las magistradas, así como de un delito contra la integridad moral, puesto que sus expresiones no alcanzaron la suficiente gravedad e iban dirigidas solo hacia la actuación profesional de las juezas, según argumentó la Sala.
