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La Asociación Andaluza de Empresarios del Transporte Escolar y Discrecional en Autobús (Atedibus) ha reclamado a la Junta que «adopte medidas urgentes y excepcionales» para revisar los precios de los contratos de transporte escolar, «ante la escalada de los combustibles y el fuerte incremento experimentado por el conjunto de los costes de explotación de las empresas».
La organización ha explicado en un comunicado que la situación actual constituye «una circunstancia extraordinaria» que justifica la puesta en marcha de «mecanismos puntuales de revisión y reequilibrio de los contratos públicos, especialmente en aquellos servicios de transporte escolar cuyos precios fueron establecidos hace varios años y que, en algunos casos, se han mantenido mediante sucesivas prórrogas».
El presidente de Atedibus, Manuel Gutiérrez Zambruno, ha incidido en que «no se puede pretender que una empresa preste hoy un servicio con un precio calculado hace cuatro o seis años, cuando la realidad económica es completamente diferente».
«El combustible ha subido, pero también lo han hecho los seguros, las reparaciones y el mantenimiento de los vehículos, los neumáticos, los costes laborales, las cotizaciones sociales y todas las partidas que forman parte de la estructura de costes de una empresa de transporte», ha agregado.
Asimismo, han añadido que la presión sobre el combustible se ha intensificado en las últimas semanas. Así, las organizaciones del transporte profesional han reclamado al Gobierno central «el mantenimiento y refuerzo de las medidas de apoyo al combustible ante el incremento de los costes».
No obstante, para Atedibus «la cuestión no puede limitarse al precio del gasóleo». En concreto, la asociación ha advertido de que «la estructura de costes de las empresas ha sufrido un incremento muy significativo en los últimos años» y que, según sus estimaciones, «numerosas partidas han experimentado aumentos superiores al 30%».
Al respecto, han detallado que el combustible constituye una de las principales partidas de gasto de una empresa de transporte en autobús y puede representar aproximadamente entre el 25% y el 35% de sus costes de explotación en condiciones normales, porcentaje que aumenta considerablemente cuando se producen episodios de fuerte escalada energética.
Gutiérrez Zambruno ha explicado que «estamos ante una situación excepcional que requiere una respuesta excepcional. No estamos pidiendo que se modifiquen permanentemente las reglas de contratación, sino que se habilite una solución extraordinaria para unos contratos que se están ejecutando en unas condiciones económicas completamente distintas de aquellas en las que fueron adjudicados».
Por otro lado, Atedibus también ha advertido de que «mantener los contratos sin ningún mecanismo extraordinario de actualización puede poner en riesgo la viabilidad económica de algunas empresas» y, con ello, precisan, «la continuidad de determinados servicios de transporte escolar en la provincia de Sevilla».
Al respecto, la asociación considera «especialmente preocupante» esta situación porque «el transporte escolar no es un servicio prescindible». «No podemos esperar a que una empresa llegue al límite de sus posibilidades económicas y tenga que plantearse si puede continuar prestando una ruta. La Administración tiene que anticiparse al problema y garantizar que el servicio pueda seguir prestándose con todas las garantías», ha agregado el presidente de Atedibus.
En este sentido, han incidido en que la situación actual «ya está generando dificultades en el transporte profesional». «En Andalucía, los problemas de cobertura de rutas escolares registrados al inicio del curso han puesto de manifiesto la importancia de garantizar unas condiciones económicas que permitan a las empresas asumir los servicios públicos», han señalado desde la asociación.
Por ello, Atedibus ha reclamado a la Junta que «estudie de manera inmediata una fórmula que permita afrontar el incremento extraordinario de los costes en los contratos de transporte escolar, mediante revisiones excepcionales de precios, ayudas específicas o mecanismos de reequilibrio económico, dentro del marco legal de la contratación pública».
Gutiérrez Zambruno ha subrayado que «la Junta tiene que reaccionar. Estamos hablando de contratos públicos que prestan un servicio esencial y de empresas que llevan años demostrando su compromiso con el transporte escolar».
«Si los costes han cambiado de forma extraordinaria, también debe existir un mecanismo extraordinario para evitar que estos contratos se conviertan en inviables», ha agregado.
De igual modo, la Asociación Andaluza de Empresarios del Transporte Escolar y Discrecional en Autobús considera necesario «abordar el problema desde una perspectiva estructural».
Así, reclaman que los futuros contratos de transporte escolar «incorporen mecanismos de seguimiento y actualización de los principales componentes de la estructura de costes, especialmente el combustible y los costes laborales».
«No tiene sentido adjudicar un contrato para varios años y actuar como si los costes fueran a permanecer congelados durante todo ese periodo. Hay que establecer mecanismos que permitan adaptar los precios cuando se produzcan circunstancias extraordinarias y perfectamente acreditadas», ha señalado el presidente de Atedibus.
Por último, la asociación ha insistido en que la petición planteada a la Junta «no pretende alterar el sistema de contratación pública, sino evitar que una situación económica excepcional termine poniendo en peligro la prestación de un servicio esencial para las familias andaluzas».
«Estamos a tiempo de buscar una solución. Lo que pedimos es diálogo, responsabilidad y una respuesta de la Administración antes de que tengamos que lamentar que alguna empresa no pueda seguir prestando un servicio de transporte escolar porque un contrato firmado hace años ya no cubre ni de lejos los costes reales de hacerlo funcionar», ha concluido Gutiérrez Zambruno.
