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El acusado por la muerte de Ana Buza, la joven fallecida en septiembre de 2019 cuando tenía 19 años mientras circulaba junto a su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona, ha sostenido que, lejos de intentar atropellarla como mantiene la familia de la chica, intentó «salvarla» cuando la misma se precipitó del coche en un intento de suicidio.
La familia, sin embargo, ha acusado al mismo de intentar acabar con su vida como culmen de la relación «tóxica y tortuosa» que mantenía con la joven, mientras que la fiscal ha defendido que incluso habiendo ejercido durante 16 años como fiscal de violencia de género, percibe como «insostenible» la tesis que sostiene que el encausado acabó con su vida.
La primera sesión de este juicio con jurado popular, celebrado este viernes, ha congregado a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián a casi una veintena de manifestantes de diferentes colectivos feministas.
Con camisetas y carteles en las que podían leerse mensajes como «Basta de feminicidios», «No son arrebatos, son asesinatos» o «Justicia para Ana Buza», han mantenido una concentración silenciosa, respondiendo así a la petición del padre de la víctima, Antonio Buza, quien precisamente en declaraciones a Europa Press agradecía las muestras de cariño pero solicitaba que la Audiencia Provincial «no se convirtiese en un circo».
De hecho, el progenitor ha optado por no acudir a este primer encuentro, alegando en declaraciones a este medio que durante esta jornada, que ha revivido siete años después este complejo caso que intenta resolver si la joven se precipitó del vehículo o fue en realidad su pareja quien la atropelló tras abandonar el mismo durante una discusión, necesitaba pasear, estar con su mujer, «hablar con Dios en silencio» y «darle gracias por todo lo que ha hecho y hace por la familia». Todo ello, no obstante, antes de comparecer en calidad de testigo la próxima semana, según está previsto.
Quien sí ha acudido a la Audiencia Provincial ha sido la madre del presunto autor de los hechos, quien se ha dejado ver visiblemente afectada, así como el padre del mismo y su actual pareja, que ha optado por refugiarse en sus acompañantes.
En su intervención inicial, la juez se ha dirigido a los componentes del Tribunal del Jurado para pedirles que durante el procedimiento mantengan «la mente abierta», sin prestar atención a «entrevistas en medios de comunicación o vídeos en redes sociales» publicados a lo largo de estos años a raíz de la carga mediática que ha ido cobrando este caso.
La magistrada ha instado a los mismos a levantarse para prestar juramento, un hecho inusual dado que este paso suele producirse antes de entrar en Sala y en un espacio reservado, y les ha invitado a «dejar los prejuicios fuera» y justificar su veredicto «exclusivamente» en lo mostrado a lo largo de las próximas sesiones.
Durante la presentación de las alegaciones previas, la fiscal encargada del caso ha llevado a cabo un contundente argumentario en el que ha insistido en que «no hay pruebas objetivas» que puedan concluir que lo sucedido responde a un homicidio doloso, tipo penal solicitado por la familia de forma subsidiaria.
Ello, dado que las periciales aportadas por el Ministerio Público prueban, asegura, que «Ana no fue atropellada, sino que salió del coche en marcha».
La representante del Ministerio Público ha enfatizado que es «insostenible» la tesis de que Rafael mató a Ana, dado que se trataba de una pareja al uso que «se quería mucho, compartía tiempo y tenía discusiones normales», pese a que la acusación habría querido «construir un relato en el que Rafael es un hombre posesivo y maltratador».
Es más, para sostener esta posición, la misma ha remarcado su labor durante 16 años como fiscal de violencia de género. «He acusado a varios hombres por este tipo de casos. Si aquí no lo he hecho, es porque no había pruebas para hacerlo».
El Ministerio Público sostiene así que Rafael llevó a cabo una circulación «negligente» al superar circular a 117 kilómetros por hora por una vía de desaceleración que marca un máximo de 80 «durante la noche y en una acalorada discusión» en la que Ana «saltó del coche en marcha» y obviando el deber de cuidado que «cualquier conductor debe guardar». «De haber respetado el conductor las normas de circulación, ¿Ana habría muerto? ¿Qué pasó dentro de ese vehículo? ¿Por qué saltó?».
El escrito de la acusación particular ejercida por la familia de la víctima, leído en voz alta en Sala, sostiene que Ana abandonó el vehículo que conducía Rafael al encontrarse este detenido en un trayecto en el que se dirigían a Carmona, lugar de residencia de sus padres. Entonces, mientras caminaba por el carril de salida en dirección a este municipio, sito en la A-4, el chico llevó a cabo un atropello «de forma intencionada».
La letrada ha cuestionado las versiones contradictorias que el encausado ha ofrecido a lo largo del desarrollo de la causa, entre ellas, que sufrió una distracción a los mandos del vehículo «por un ruido» o «al cruzarse un animal en su camino» y, finalmente, la sostenida por la defensa en última instancia, esto es que Ana voluntariamente decidió tirarse del mismo mientras se encontraba en marcha.
«¿Creen que si Ana hubiese decidido tirarse del vehículo tras una discusión con sus padres por sus calificaciones escolares, como sostiene la defensa, hubiese dado tantas versiones contradictorias?», se ha preguntado la abogada.
Además, ha incidido en la existencia de un correo electrónico que la propia chica dirigió a la orientadora escolar unos días antes de su muerte, en el que alertaba de conductas de «violencia» que habrían supuesto un «punto de inflexión» en la relación, dado que llegó a sentirse «acosada».
La familia ha descrito una relación entre los jóvenes «tóxica y tortuosa», en la que el investigado ejercía un «control insoportable» sobre la misma por «celos patológicos», hasta el punto de impedirle «relacionarse con cualquier persona del sexo opuesto».
Por su lado, en su escrito, la defensa ha mostrado disconformidad por las versiones ofrecidas tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, incidiendo en que es «erróneo» asegurar que el chico conducía a 80 kilómetros por hora en una vía no facilitada para ello y que, en su lugar, circulaba con normalidad, a 117 kiómetros, por la A-4 cuando «tras escuchar un fuerte golpe, sintió que la puerta trasera se abría, notó que Ana quería tirarse del vehículo en marcha» y, por tanto, mientras maniobraba para intentar salvarla, perdió el control del vehículo, esta vez sí, derivando en el carril de desaceleración.
Durante su intervención, el letrado responsable de la representación procesal de esta parte ha defendido que Rafael circulaba con «normalidad» y ha acusado a la familia de crear una versión «distorsionada» de los hechos, pues lejos de intentar atropellarla, su representado trató de «salvar» a su pareja, pues ambos estaban «muy enamorados».
De hecho, ha asegurado que tanto Rafael como los padres de la chica eran conocedores de sus «ideas recurrentes de suicidio» e incluso que habría pedido ayuda en varias ocasiones.
El investigado enfrenta una petición fiscal de tres años de cárcel por un delito de homicidio imprudente. La familia de Ana Buza pide 20 años, al entender que los hechos responden a un delito de asesinato o de homicidio doloso de forma subsidiaria. Está previsto que los próximos días 21 y 22 comparezcan los testigos, mientras que los días 23, 24, 25 y 28 declararán los peritos y el día 29 comparecerá el acusado.
